Tensión entre Poderes
Desde lo regional
De visita en España, el presidente de Colombia Gustavo Petro se refirió a un asunto de su país, atribuyendo a la Fiscalía General de la Nación ser omisa en el ejercicio de sus funciones y asumiéndose jefe del Fiscal.
Dos antecedentes: el Fiscal proviene de una propuesta del gobierno inmediato anterior, de color diferente al actual; apenas el mes pasado Presidente y Fiscal sostuvieron una reunión de acuerdo para el combate al narcotráfico, calificada como provechosa y cordial.
En términos comedidos la Corte Suprema de Justicia respondió públicamente, señalando -no sin expresión previa de su gran inquietud por lo dicho en Madrid-, de errada la interpretación presidencial a los preceptos constitucionales, y puntualizó: “…porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado Social de Derecho”.
Resaltó la importancia de la Fiscalía en el sistema de administración de justicia y subrayó: “El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.
“Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional.” Puntualizó.
Firmado por el Presidente de la Corte concluye con un “…llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos.”
El presidente Petro respondió desde Portugal. “La preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal requieren de la colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado, fundamentalmente del Presidente de la República y de la Fiscalía General de la Nación.”
Justifica: “Es verdad que, en términos generales, el Fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero si está subordinado a la Constitución y la ley. En situaciones como esta, en donde el Fiscal General entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la justicia, no solo le está faltando al respeto al Presidente sino que está violando la Constitución.”
Destaca el final: “Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público. Pero como Presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias.”
Las supervinientes declaraciones del Fiscal subieron el volumen. Parecieron la denuncia de una amenaza de asesinato contra él y su familia, y retó al Presidente a cesarlo. Ese tono utilizado frente a la prensa no fue precisamente en abono de un diálogo institucional. Elevó el diferendo y ahondó el desencuentro.
Vivimos en nuestro país una tensión similar entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Por inédita, por las expresiones utilizadas y las agresiones públicas a las puertas de la Corte, ha sido mayor su escalada. Significa un quiebre a nuestra normalidad política; preocupa su alargamiento.
Por su similitud en el contexto latinoamericano el fenómeno sugiere un tema de análisis a la luz de la Teoría del Estado, la Ciencia Política y, desde luego, el Derecho Constitucional.
