Síndica de Tlaxcoapan ingresa juicio de protección de derechos políticos-electorales
La funcionaria señala violencia política en razón de género
La síndica procuradora de Tlaxcoapan, Erika Mendoza García inició un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano (JDC) contra el alcalde Jaime Pérez Suárez luego de que se colocaron sellos en la oficina de funcionaria; la funcionaria señala violencia política en razón de género.
En días pasados, la síndica jurídica ingreso el juicio en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) en donde expuso que el 28 de marzo del año en curso se le notificó de una suspensión de sus labores como síndica, sujeta al procedimiento de responsabilidad administrativa 04/2022 generado por el Órgano de Control Interno del municipio de Tlaxcoapan.
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En dicha notificación se le informó que fue suspendida y que se le descontará el 70 por ciento de su dieta en lo que se resuelve el asunto interno, sin embargo, ese mismo día se colocaron sellos en su oficina con el objetivo de impedirle el paso para el desempeño de sus labores para las que fue votada.
De ahí que Erika Mendoza García expone que las medidas tomadas por el Órgano interno del ayuntamiento de Tlaxcoapan son excesivas y rebasan sus atribuciones pues no pueden suspenderla de su cargo y por el contrario, violentan sus derechos político-electorales conferidos mediante el voto popular.
Además, señala que la colocación se sellos en su oficina fue ordenada por el alcalde Jaime Pérez Suárez, según versiones de testigos, con el objetivo de humillarla y vejarla de manera pública, lo cual la síndica jurídica considera como un hostigamiento innecesario.
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Cabe recordar que durante la administración, al sindica jurídica ha iniciado diversos procedimientos jurídicos contra convocatorias y acciones ejercidas por el alcalde Jaime Pérez y otros miembros de la Asamblea Municipal, esto en cumplimiento de sus deberes como síndica.
Por lo que, si bien se inició un procedimiento interno contra Erika Mendoza García por posibles omisiones o responsabilidades relacionadas con su cargo, se violenta el principio de inocencia que rige nuestro sistema penal acusatorio que señala como máxima que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Por Joselyn Sánchez
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