SENTENCIAS PARA LA ACTUALIDAD
Desde lo regional
Lejos quedaron los tiempos cuando los jueces solo hablaban por sus sentencias. Era ese el límite a su presencia social, la cápsula de la facultad jurisdiccional para atajar cualquier publicidad de la impartición de justicia más allá del conocimiento de las y los justiciables con interés en el asunto resuelto.
Si acaso, las concesiones eran de orden académico: libros, conferencias y docencia no retribuida. Nada más. De ahí la lejanía generadora de la brecha entre judicatura y justiciable, pesada loza aún presente, alimentada por la soberbia desde los tribunales negados a explicar la motivación y contenido de sus decisiones.
En pocos años la presencia judicial, empujada por la avalancha de la comunicación, ha dado un giro de ciento ochenta grados. Al día, las juezas y los jueces (ahí un primer cambio con la aparición del lenguaje inclusivo), son un activo en medios tradicionales y redes sociales, y no solo para explicar sus decisiones, sino mediante expresiones de variado contenido y diferente impacto en la vida pública.
De aquella prohibición no escrita se evolucionó a un activismo sin límites y, en consecuencia, una obligada revisión de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales en favor del derecho a comprender de las y los demandantes de justicia, especialmente de las víctimas, lo cual ha traído en consecuencia, otras situaciones merecedoras de análisis.
Ese fue el tema del más reciente seminario, el vigésimo, convocado por la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, CIJC: “Estructura y lenguaje de las resoluciones de los tribunales constitucionales”, realizado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, con la participación de representaciones de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de la comunidad iberoamericana, y de otras instancias invitadas como fueron la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial del estado de Hidalgo, de México.
La CIJC es un mecanismo institucionalizado en Sevilla, en 2005, habiéndose aprobado sus Estatutos al año siguiente en Santiago de Chile y presidido actualmente por el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, del Tribunal Constitucional de España.
Los temas abordados en torno a las sentencias emitidas actualmente por los tribunales constitucionales, se observan también en las dictadas por los de cualquier otra materia, por ejemplo: argumentación jurídica, claridad del lenguaje jurídico y el derecho a comprender, estilos y estructura de las sentencias, citas del derecho comparado, jurisprudencia y doctrina científica, perspectiva de género en la redacción, opiniones disidentes o votos particulares, inteligencia artificial en la elaboración de las sentencias, aclaración y corrección de errores y erratas, anonimización de las sentencias, resoluciones orales, lenguaje jurídico y medios de comunicación, recomendaciones y normas de estilo, provocaron discusiones por demás interesantes sobre tópicos observables en cualquier tribunal.
Uso de lenguaje incluyente, relación y tensiones con los medios de comunicación, y hasta el formato de lectura fácil para la accesibilidad de las víctimas, son de los temas más discutibles y con soluciones variadas.
Lo importante es la permanencia del tema en la agenda jurídica y su inscripción en la propia de cada organismo impartidor de justicia en el espacio iberoamericano, no necesariamente de materia constitucional; y vincularlo a otros proyectos desarrollados en la misma dirección como la recién conformada Red Panhispánica de Lenguaje Claro (Red-PHLEC) auspiciada por la Real Academia Española y la Corte Suprema de Chile, con la participación de la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Entre el lenguaje de las sentencias y su formato, está la argumentación (de la mayor relevancia) y hasta la homogeneidad en los tipos de letra utilizados para presentarlas. También las tensiones con los medios de comunicación para difundirlas y su presentación en formatos de lenguaje fácil para la segura comprensión de las víctimas. En todo ello conviene trabajar para hacer de juezas y jueces, además de juzgadores, los mejores voceros de la justicia.
