Durante las próximas semanas, la atención de la discusión pública estará centrada en el desarrollo de los foros de parlamento abierto para el análisis de la reforma eléctrica presentada por el ejecutivo federal. Esto, en el entendido de que dicha propuesta pone sobre la mesa el replanteamiento de las bases constitucionales que enmarcan a la industria eléctrica nacional, en cuanto a los alcances y modalidades de la inversión privada en dicho sector y el papel de la CFE como su eje rector.
En el contexto del inicio de dichos ejercicios en el seno del Congreso, vale la pena realizar un ejercicio de prospección en torno a la trascendencia de dicho mecanismo, en el marco del análisis, discusión y eventual aprobación de una de las reformas constitucionales más relevantes de los últimos años.
En primer término, destaca que esta iniciativa se presenta en un escenario marcado por una alianza legislativa dominante que por sí sola no alcanza la representación suficiente para configurar una mayoría calificada, lo cual implica que su aprobación está sujeta necesariamente al respaldo de al menos una parte de los legisladores de oposición.
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En ese sentido, la obtención del respaldo y convencimiento ciudadano en favor de la iniciativa representa un elemento imprescindible para su viabilidad. Por ello, los foros de parlamento abierto se presentan como una oportunidad única para involucrar a la sociedad en el análisis de la propuesta presidencial, mediante la generación de bases de entendimiento generalizado a partir del debate informado entre expertos en la materia y todos aquellos actores -públicos y privados- que participan en el sector eléctrico de nuestro país.
Lo anterior, en estricta consideración de los grandes irreductibles que tendrían que establecerse para definir la conveniencia y pertinencia de la reforma. En ese sentido, se vislumbran dos vertientes fundamentales en torno a las cuales habrán de plantearse las conclusiones de estos ejercicios:
La primera, desde un enfoque eminentemente social. Lo anterior, en el entendido de que el acceso a la energía eléctrica resulta indispensable para garantizar el goce de múltiples derechos humanos, y por tanto debe privilegiarse que el acceso a la electricidad se presente en condiciones de suficiencia, continuidad, seguridad y asequibilidad, a efecto de salvaguardar un entorno de dignidad humana en beneficio de los hogares de todo el país.
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Y la segunda, desde la visión ambiental. Esto, asumiendo que la implementación de un nuevo esquema constitucional debe implicar necesariamente la continuidad de los esfuerzos del Estado mexicano para el cumplimiento de los compromisos ambientales que ha asumido nuestro país en materia de reducción de emisiones y transición energética, en condiciones de sustentabilidad y con sentido social.
En tales circunstancias, habremos de estar atentos a que estos ejercicios deriven efectivamente en la camloomprensión objetiva de los aspectos generales y específicos de la iniciativa del presidente de la República, tomando como base el análisis de planteamientos técnicos, económicos y jurídicos que coadyuven en la toma de decisiones en el ámbito del Poder Legislativo. Lo anterior, en beneficio de la transparencia parlamentaria y, por ende, en favor de la consolidación democrática.
Consultor y profesor de la Universidad Panamericana
@EMILIOSL
