Rechaza Julio Soto acusación de despojo de vivienda y portación de arma
El expresidente municipal de Tulancingo, Julio César Soto Márquez, señaló que son falsas las acusaciones en su contra sobre el presunto despojo de un adulto mayor de una vivienda ubicada en la calle Allende.
Presentó a la Jornada Hidalgo la escritura certificada del predio en disputa con fecha 19 de mayo de 2021, la cual avala que la propietaria es su esposa, Victoria Vera Hernández, a quien le vendió Antonio Pérez Badillo.
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Al igual que expuso el certificado de no gravamen, los pagos de impuesto predial, la constancia de no servicios, entre otros documentos, “nuestra compra está legitima”, aseguró.
Lo anterior, cabe recordar, ocurre luego de que la semana pasada el ex regidor José Luis Cruz Aguilar encabezó un cierre vial para pedir la presencia de las autoridades municipales y en apoyo al supuesto propietario.
Asimismo, Soto Márquez negó las acusaciones públicas en su contra -que hizo Cruz Aguilar-, de que iba armado en un proceso de demolición de fecha 4 de septiembre de 2021, y que amagó a Daniel Barraza Ibarra y a Esteban Dimas.
“En ese incidente el señor Dimas no estaba, y el señor Barraza se lo llevó Seguridad Pública Municipal con el arma que portaba en la cintura y que yo le quité y está a nombre de José Luis Cruz Aguilar”, sostuvo el ex edil.
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“El pseudolider José Luis Cruz Aguilar, está defendiendo a una persona de la tercera edad, lo cual no es cierto, él está defendiendo sus propios intereses porque obra en las carpetas de investigación iniciadas respectivamente, que Esteban Dimas le vende a José Luis Cruz Aguilar la propiedad”.
“Le vende sin contrato, de una propiedad que dice Esteban Dimas compró sin contrato. Ahí hay una anomalía y una irregularidad. No habrá elemento jurídico que pueda acreditar esas compras y menos que el señor Esteban Dimas tenga la propiedad del predio”, declaró Soto Márquez.
Detalló que el señor Dimas enfrenta una demanda por fraude procesal, y que hay más averiguaciones previas, a parte de las que ellos iniciaron por parte de Victoria Vera Hernández en contra de Daniel Barraza Ibarra de fecha 9 de septiembre, por allanamiento y lo que resulte.
Agregó que el 14 de marzo de 2022 se demandó José Luis Cruz Aguilar, por el mismo delito, quien alegó había una suspensión de la escritura pública para evitar la demolición, la cual se llevó a cabo porque Victoria Vera Hernández acreditó ante el ayuntamiento la propiedad con la escritura certificada.
Además de que Soto Márquez indicó que existen constancias notariales que especifican la vivienda no estaba habitable, y la demolición se realizó por la vía legal y no con abuso de autoridad, “la instancia municipal actuó de manera imparcial evitaron un connato de bronca, de forma oportuna”.
