Pruebas presentadas por el MP en caso de homicidio de hijo de Sosa, no tenían valor
Pruebas presentadas por el Ministerio Público como un retrato hablado que presuntamente vinculaba al acusado con la zona de los hechos, un cateo que fue calificó como ilegal, así como el peritaje en psicología que se extralimitó en sus conclusiones, no tuvieron valor probatorio para el Tribunal de Enjuiciamiento que llevó el caso de Fernando Ríos, quien fue acusado del homicidio del hijo del exrector universitario.
Durante la lectura de sentencia el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que varias de las pruebas presentadas, tanto documentales como testimoniales, no cumplieron con la ley, y en ningún momento se identificó y comprobó participación del extrabajador de la Hacienda Yemila en el homicidio de quien fuera su patrón.
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Con una sala de los Juzgados Penales de Pachuca, sin la presencia de los Ministerio Públicos que por dos años mantuvieron la acusación en contra de Fernando, y tampoco del asesor jurídico de la familia de la víctima, las dos juezas y el juez que integran el tribunal, reiteraron la inocencia de hombre, quien pasó los dos últimos años en prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, este caso aún no ha concluido, pues a decir de Fernando, sus abogados le indicaron que ya el MP apeló a la sentencia del Tribunal, por considerar que las pruebas si eran suficientes para culpabilizarlo y será en al menos diez días que se conozca si realmente mantendrán la apelación.
“Me comentan el MP si están preparando una apelación del fallo, pero la pregunta es ¿sobre qué van a impugnar? Todo el caso y las evidencias están desvirtuadas porque hubo violaciones al debido proceso e investigaciones ilícitas”, señaló en entrevista.
Y expresó que esto les da la pauta para poder demandar a la Procuraduría por el mal trabajo que hicieron y que afectó a una familia, pues acotó que en el caso del cateo, este no cumplió con el requerimiento del código penal y el tribunal lo reiteró.
Luego de que se expresara la posibilidad de demandar a la Procuraduría por la fabricación de pruebas y el daño generado a la persona y la familia, Fernando dijo que existe hasta un 70 por ciento de posibilidades de que se inicie el proceso jurídico, pues además de que dañaron su imagen, también terminaron con el patrimonio de su familia que tuvieron que vender para poder defenderlo.
“Un caso político que se cae no es fácil, y el pedir la reparación de daño y de logarlo, sería la primer que podría darse en la entidad”, consideró.
En su oportunidad, expresó que está interesado en reunirse con su familia Sosa Cravioto, y dejar en claro su inocencia, pues “ellos son víctimas en este caso, también”, dijo.
Si bien durante la vinculación a proceso y la fase previa al enjuiciamiento, la jueza Janet Montiel fue la encargada de recibir y considerar como validas las pruebas, para Fernando estas determinaciones fueron las que entorpecieron la investigación, pues no habría estado tanto tiempo en prisión y con pruebas que no eran contundentes.
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