Proponen que Hidalgo sancione violencia con ácido
El ataque con ácido es un tipo de violencia premeditada, ya que, en la mayoría de las ocasiones, la conducta delictiva es cometida por hombres a quien la victima ignoró o rechazó, dándose a modo de castigo o condena con el que los agresores pretenden desfigurar o lesionar a la víctima, refirió el diputado Luis Ángel Tenorio Cruz al presentar una iniciativa para que en Hidalgo sea considerado como un tipo de delito a la violencia con ácido.
El caso recientemente más sonado de este tipo de violencia es el de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz quien fue atacada el 9 septiembre de 2019 en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca por orden del exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal.
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Al respecto, el legislador Tenorio Cruz expuso que en México no hay cifras ni registros oficiales de ataques con ácido y menos dirigidos a mujeres; sin embargo, la Fundación Carmen Sánchez que brinda atención a quienes son afectadas por este tipo de agresiones, lleva un registro de 28 víctimas en las últimas dos décadas.
De esta cifra, refiere que el 85 por ciento de los casos, el autor intelectual fue un hombre, además, de este total, cinco de los agresores eran parejas sentimentales de la víctima y 11 eran exparejas.
Aunque el Código Penal local establece en su artículo 141 Ter, que cuando las lesiones se causen mediante la utilización de cualquier tipo de agente químico o corrosivo que generen destrucción o daño del tejido humano se podría alcanzar hasta 20 años de prisión.
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No obstante, la propuesta del legislador propone una sanción de hasta 30 años de prisión, además de considerarse ataques contra la mujer en razón de género cuando se compruebe que el agresor sostuvo una relación sentimental, sexual, afectiva o de confianza con la víctima y será considerado como tentativa de feminicidio cuando se atente su autonomía sexual o la lesión provoque incapacidad permanente.
De igual forma la propuesta considera que en caso de aprobarse, la Secretaría de Salud tendrá la responsabilidad de llevar un registro y remitir a autoridades competentes la información y estadísticas sobre las personas atendidas en caso de lesiones causadas por ácidos, sustancias químicas, corrosivas, causticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia.
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