Preocupa a sociedad civil quien llegue a la PGJEH
Asociaciones civiles defensoras de los derechos humanos de las mujeres, activistas independientes y colectivas feministas externaron su preocupación por la persona que llegue a ocupar la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y el seguimiento que se dará a los casos de muertes violentas de mujeres.
En asamblea informativa que sostuvieron para dar a conocer la convocatoria para formar parte del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Investigación Ministerial, Policial y Pericial en casos de muertes violentas de mujeres, publicada el pasado 3 de agosto, externaron la inquietud porque la nueva persona titular tenga conocimiento en derechos humanos y aborde la responsabilidad de la procuración de justicia.
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Esto ya que desde 2016, tres personas han ocupado la titularidad y las tres han renunciado a un cargo que es de cinco años, siendo Javier Ramiro Lara Salinas, Raúl Arroyo González y Alejandro Habib Nicolás; actualmente Santiago Nieto Castillo ocupa el cargo de jefe del despacho de la PGJEH.
Así mismo plantearon la necesidad de hacer una revisión a las carpetas de investigación donde se clasificó el delito de homicidio y descartar un posible feminicidio, y en los casos de violencia, descartar una posible tentativa de feminicidio.
De igual forma, abordaron la necesidad de trabajar con el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEH) pues comentaron que el Poder Judicial cuenta con casos atrasados de hasta diez años.
La convocatoria emitida el pasado 3 de octubre va dirigida a representantes de organizaciones civiles y personas físicas para seleccionar a las tres personas que formarán parte del comité con voz y voto, el resto de las vocalías esta conformado por representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto Hidalguense de las Mujeres.
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El Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Investigación Ministerial, Policial y Pericial en caso de muertes violentas de mujeres, tiene como función principal conocer los obstáculos para la implementación del protocolo en los casos de muertes violentas de mujeres y tentativas de feminicidio.
Además, forma parte del Protocolo con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado publicado el 17 de enero de este año.
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