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La Secretaría de Contraloría, informó que personal de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud, a pesar de la reducción en su plantilla laboral, solos 2 mil 324 de los 7 mil 131 trabajadores que deben cumplir con la presentación de su declaración patrimonial, lo han hecho, lo que representa apenas el 34.5 por ciento de avance.
El contralor Álvaro Bardales insistió que para el Sector Salud el compromiso es triple, pues los 5 mil 123 servidores públicos que fueron transferidos al IMSS-Bienestar están obligados a presentar su declaración de conclusión en el estado y realizar las declaraciones de inicio y modificación en la federación.
En tanto, para los 7 mil 131 que aún forma parte de la administración estatal, deberán presentar en el mes de mayo su declaración de modificación 2025.
Por otra parte, la dependencia precisó al menos 28 mil funcionarios adscritos a las recién conformadas administraciones municipales, incluidos presidentes, regidores y síndicos, han desistido en participar en ese ejercicio de transparencia, por lo que los conminó a ser conscientes de la obligación que tienen de presentar las declaraciones como lo dicta la ley.
Esto, ya que fueron identificados 41 presidentes municipales que aún no presentan su declaración de inicio, la cual debió llevarse a cabo dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión, por lo que su plazo feneció el 4 de noviembre del año pasado.
Por otra parte, durante los primeros 13 días de mayo el 61 por ciento de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo presentó sus declaraciones patrimoniales; es decir, que de las 80 mil 508 personas obligados, hasta el momento 49 mil 40 ya cumplieron.
En total, 15 entes públicos han logrado que el 100 por ciento de sus trabajadores cumplan, entre los que destaca la Secretaría de Contraloría, quien desde el primer día de mayo registró a todos los servidores públicos con declaraciones; le sigue la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, entre otros.
La SEPH también se mantiene con un cumplimiento positivo, ya que de los 44 mil 213 servidores públicos obligados, presentaron sus declaraciones 21 mil 262, lo que representa el 48 por ciento de avance.
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Llamado al cumplimiento y consecuencias legales
La ley de responsabilidades administrativas establece sanciones para quienes incumplan con este deber constitucional, que pueden consistir en amonestaciones, destituciones del cargo e incluso inhabilitaciones del servicio público hasta por un año, tanto en los municipios, en el estado y en la federación.
La Contraloría mantiene un monitoreo constante para verificar que todos los servidores públicos cumplan con esta obligación y rindan cuentas a la ciudadanía. En caso de incumplimiento, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa para aplicar las sanciones que procedan. Cabe destacar que, a mayor nivel jerárquico del funcionario, mayor es su deber de cumplimiento.
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