Pide Congreso local restituir honorarios al Comité de Participación Ciudadana
En el Congreso de Hidalgo, las diputadas locales María del Carmen Lozano Moreno y Citlalli Jaramillo Ramírez, solicitaron a la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) restituir los honorarios del Comité de Participación Ciudadana (CPC) luego de haberlos disminuido de manera ilegal de 28 mil a 1 mil pesos mensuales y sin darles posibilidad de otra fuente de ingresos.
Durante la sesión plenaria, las legisladoras hicieron uso de la tribuna para calificar como un acto de ilegalidad los acuerdos aprobados por los miembros del órgano de gobierno de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción en sesión extraordinaria el pasado 31 de marzo.
Lozano Moreno explicó que de manera inicial esta sesión no es procedente pues la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo exige convocar con tres días de antelación para una sesión extraordinaria, lo cual no se hizo.
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En esta sesión, se aprobó la reducción de los honorarios de los integrantes del CPC a 1 mil pesos mensuales, lo cual afecta a su economía familiar ya que la ley establece que durante el tiempo que duren en este cargo no pueden desempeñarse en otro cargo, empleo o comisión, es decir, no pueden contar con otra fuente de ingresos.
Dicha reducción, se justificó con el argumento de que los integrantes del CPC no tenían un trabajo que respaldara estos honorarios.
En la misma sesión, se aprobó la destitución de Erika Celis Hernández como directora de Normatividad, Riesgos y Política Pública, y en su lugar se nombró a Gabriela Sánchez, esto sin haber una renuncia previa o motivo para ello.
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La legisladora Citlali Jaramillo recordó que el órgano de gobierno de la Secretaría Técnica del SEA está conformado principalmente por los titulares de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, la Secretaría de Contraloría, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIH), entre otros.
Añadió que esta decisión desmotiva a la participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana y no son actos congruentes con los mecanismos de la política pública para el combate a la corrupción.
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