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El pasado 4 de febrero, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) inició en el juzgado segundo civil un juicio de extinción de dominio contra un matrimonio que alquiló, en marzo de 2023, unos locales a unas personas, pero que en agosto de la misma anualidad fue desmantelado un punto de venta de drogas.
En el inmueble de 211 metros cuadrados, ubicado en Zempoala, fueron hallados nueve cubitanques vacíos, garrafones de diversas capacidades, tinaco de color amarillo, bolsas de plástico con material botánico verde, bolsas tipo Ziploc con material cristalino; dos garrafones de color blanco y uno azul; una bomba; 28 tinacos y un cubitanque con liquido en su interior; mangueras con aditamentos, entre otros y se aseguró el espacio.
Aunque en una entrevista realizada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad III de Narcomenudeo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Narcomenudeo, la esposa del propietario del inmueble refirió que en 2016 se realizó la compraventa del predio denominado “Rancho Tochatlaco”, por 125 mil pesos, lo cual quedó asentado ante notario público.Para pagar parte del inmueble, se entregó a los entonces propietarios un vehículo marca Volkswagen tipo Crossfox, modelo 2007, y 50 mil pesos en efectivo por concepto de enganche; además, se asentó en el recibo que a partir de ese momento Rene, comprador, podía hacer uso del terreno, por lo que luego de adecuar los locales, el matrimonio los puso en alquiler.
Según la esposa, Rene, al trabajar en una empresa suministradora de energía eléctrica, realizaba trabajos en otros estados, y al estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal, ella fue quien atendió y firmó contrato con los que rentaron los locales, quienes les aseguraron que guardarían químicos, pues abrirían un negocio de productos de limpieza.
No obstante, aunque las investigaciones de la PGJH determinaron que documentalmente René se hizo de la propiedad de manera legal, no así se pudo demostrar de manera económica, ya que, según la procuraduría, el comprador no contaba con solvencia económica en 2016.
“El elemento de la legitima procedencia del inmueble es impositiva a la parte demandada, sin embargo hasta la presentación de esta demanda no fue colmado, en virtud que, a pesar de haber recibido la comparecencia de RENE y de KAREN, y estos haber exhibido la escritura con la que acredita la propiedad del inmueble sujeto a extinción, no es suficiente para tener por acreditada le legítima procedencia, pues el mencionado documento únicamente es suficiente para acreditar el acto jurídico que en él se consigna… Sin embargo, para esta fecha (2016) el hoy demandado se encontraba sin relación laboral, por lo que es inverosímil que contara con la cantidad referida (125 mil pesos) para la obtención del inmueble”, refiere el argumento de la procuraduría.
Esto, a pesar de que fueron exhibidas 11 impresiones de constancias de semanas cotizadas en el IMSS, “las cuales acreditan que desde el año 2000 y hasta el año 2022 el señor Rene ha contado con trabajos formales”, según datos de la investigación; asimismo se exhibieron impresiones de correo electrónico con las que se acreditó que el Rene recibía pagos por concepto de trabajos de electricidad de la empresa ROMAVE construcciones eléctricas y civiles.
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