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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) cuenta con cerca de mil carpetas de investigación y averiguaciones previas por el delito de tortura que están en integración, según informó el titular de la dependencia Alejandro Habib Nicolás.
Además, expuso que la PGJEH no cuenta con el Protocolo de Estambul razón por la cual no se ha avanzado con las denuncias en contra de servidores públicos de la procuraduría o de otras dependencias.
Dicho documento es un manual para la investigación para poder acreditar el delito de tortura pues especifica sus características y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes.
Luego de acudir a la instalación de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, indicó que para atender este faltante ya se firmó un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para capacitar a elementos de la procuraduría para conformar un equipo multidisciplinario que pueda ir desahogando las carpetas por este delito.
“Como las carpetas no tienen una prescripción tenemos asuntos desde muchos años atrás a la actualidad”,
dijo.
Esto al hablar sobre la temporalidad de los asuntos, pero adelantó que en próximas fechas se reunirá con su equipo de trabajo para conocer cuántas son las averiguaciones en contra de funcionarios de la procuraduría y cuántas corresponden a servidores públicos de otra dependencia que hayan ejercido posible tortura.
Además, con ello será posible conocer el personal necesario para ir desahogando la carga de trabajo, pero en caso de requerir capacitar a un mayor número de agentes, será necesario que el Congreso del Estado etiquete recursos necesarios.
Alejandro Habib explicó que la tortura puede ser física o psicológica con la finalidad de obligar a una persona a que declare la comisión de un delito “eso es principalmente lo que se puede obligar con tortura”.
Anteriormente, el Instituto de la Defensoría Pública promovió un amparo debido a que la procuraduría no cuenta con el nombramiento de un fiscal para la investigación de los delitos de tortura, sin embargo, Habib Nicolás aclaró que, aunque no existe esta figura, se cuenta con un ministerio público encargado de dar atención a las carpetas de investigación.
Pero será en un plazo de 30 días cuando estén designando a una persona como titular, por lo que analizarán perfiles “porque el delito de tortura es especial y el perfil es especial con capacitación correspondiente” apuntó.
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