No debieron morir

Han sido 3 semanas trágicas para Hidalgo: represión, violencia policiaca, criminalización de la protesta y asesinatos.

1ro de junio: represión a lxs manifestantes de la comunidad indígena de San Salvador, Hidalgo. Un civil herido de gravedad (L.H.R.) por parte de la policía estatal antimotines.

9 de junio: detención ilegal de Beatriz Hernández Ruiz por parte de la policía municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo. Asesinada en las galeras. La versión cínica del municipio: se suicidio en su celda con un cacho de tela.

15 de junio: L.H.R. fallece en el Hospital General de Pachuca. Apenas un día antes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo había hecho pública la recomendación 2/2021.

Me siento como una repetidora desde que inició este mes: si no nos indignamos y exigimos al gobierno transparencia, justicia y medidas de no repetición estos hechos volverán a suceder. No podemos permitir que se les llamen hechos aislados o extraordinarios. No debemos aceptar las justificaciones que han dado: “ellxs dejaron de protestar pacíficamente”, “agredieron a lxs policías”, “ella consumía sustancias”,  “ella era agresiva”, “en ambos hechos hay intenciones partidistas”.  Nada, absolutamente, nada justifica este nivel de violencia e incompetencia por parte de las autoridades.

No me siento segura, tengo miedo de lo que pueda pasarle a mis seres queridxs. Ser asesinada en manos de la policía municipal por un accidente de tránsito, ser asesinado por ejercer el derecho a manifestarse, ¿qué sigue? ¿ser asesinados por ir caminando en la calle y tener una actitud sospechosa?

Otra vez lo repito: desde hace dos años el Gobierno viene mandando mensajes para criminalizar la protesta y a las mujeres. Lo han hecho enviando elementos policiacos que pasaron a ser policías antimotines, con trajes, escudos y herramientas para contener la protesta como macanas y lanza gas pimienta.  De la escueta recomendación 2/2021 que no reconoce la violación al derecho a la manifestación de la comunidad indígena de San Salvador, rescato dos puntos escalofriantes: el mando policial no sabe distinguir en qué momento se tiene que hacer uso de la fuerza y no tiene capacitación de cómo usarla. No saben quién fue la persona que disparo a L.H.R. pero se presume que era el único elemento policial que estaba autorizado para portar ese artefacto y usarlo. No saben que impacto tiene manejar ese dispositivo, ni tampoco como se dan esas órdenes, la principal: no disparar hacia las personas. Si la policía antimotines no tiene esta capacitación, no tendrían que estar en las calles conteniendo la protesta o al menos, no tendrían que utilizar esos mecanismos, ya somos conscientes de la tragedia.

Con Bety, la doctora que el municipio de Progreso de Obregón defiende a capa y espada, no se respetaron los protocolos. De acuerdo a las declaraciones de su familia su cuerpo tenía huellas de tortura. La respuesta del gobierno estatal es que no se quedará impune, pero al mismo tiempo se han hecho un paso atrás porque es la policía municipal y ahí no se van a meter. 

Ni L.H.R. ni Bety debieron morir en manos del estado, que no se nos olvide.