Neutralizar o inutilizar amparo con fines políticos, atentado contra el Estado de Derecho: magistrada
La consejera de Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, manifestó que las restricciones que se pretenden imponer al juicio de amparo en materia de suspensión, “claramente atentan contra el principio de progresividad en materia de derechos, pues cualquier medida que pretenda neutralizarlo o inutilizarlo con fines políticos, es un abierto atentado contra el Estado de Derecho”.
Durante su participación en la inauguración del séptimo Encuentro Regional para una Agenda de Seguridad y Justicia, puntualizó que el amparo permite acudir a los órganos jurisdiccionales cuando se estima que fueron vulnerados derechos humanos, por lo que es importante no permitir que sea vulnerado.
Asimismo, precisó que dicho encuentro regional permitirá intercambiar experiencias, opiniones y propuestas sobre problemáticas que impiden el acceso a la justicia en el país, toda vez que los actos y omisiones que generan la inseguridad e injusticia son cometidos por particulares que consideran que el respeto al Estado de Derecho es optativo o pueden evadir las consecuencias.
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En ese sentido, puntualizó que a las personas juzgadoras les corresponde impartir justicia; es decir, aplicar las normas jurídicas.
López Benítez concluyó que en las mesas de trabajo se abordaron temas como el acceso a servicios legales de calidad, problemáticas de la seguridad pública, investigación penal del delito, estructura institucional que lo soporte, entre otros; así como generar líneas de acción para la agenda nacional que permita reencauzar el Estado de Derecho hacia el entendimiento, razón, democracia y respeto irrestricto a la constitución.
En tanto, Lorena Cano García, subprocuradora de delitos de género de la PGJEH, dijo que para la Procuraduría fue de suma importancia participar en el evento para escuchar las criticas constructivas de las problemáticas prioritarias en materia de seguridad y justicia para encontrar soluciones en el ámbito de su competencia, así como lograr un diagnóstico para atender y resolver el acceso a la justicia con respeto a los derechos humanos.
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En tanto, María del Carmen Lozano Moreno, presidenta de la mesa directiva del congreso del estado, aseveró que se tiene una deuda con las infancias, adolescencias y jóvenes, por lo que instó a los participantes a observar la realidad sobre los abusos y discriminaciones que sufren los grupos más vulnerables, como estos.
“Espero que la seguridad y justicia voltee a ver los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores y que las consecuencias sean un verdadero acceso a la justicia y permita transformar la retórica en realidades tangibles”, puntualizó.
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