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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició el pasado 5 de febrero la queja de oficio CDHEH-VG-235-25 en la que se investiga el actuar de cinco instituciones en el caso del multihomicidio registrado en la localidad de Azoyatla, Mineral de la Reforma, donde un expolicía municipal asesinó a tres personas, entre ellas a su expareja.
De acuerdo con la presidenta del organismo autónomo, Ana Karen Parra Bonilla, la investigación derivó de las declaraciones que realizaron representantes de algunas instituciones, por lo que se busca determinar si hay alguna responsabilidad de las autoridades respecto al caso.
“Se han pedido informes a las diferentes autoridades, incluso a establecimientos que estuvieron involucrados no como responsables, pero pueden dar información. Lamentamos mucho las declaraciones de las instituciones, pero debemos investigar todas las actuaciones, en este momento no podría decir si fue correcto o incorrecto, si alguien tuvo la culpa en el caso, pero estamos en investigación”, expresó Parra Bonilla.
Asimismo, expresó que hasta el momento solo dos instituciones han tendido su informe, pero el resto están en tiempo para hacer lo propio; además, la CDHEH cuenta con cuatro meses para llevar a cabo la investigación, pero en caso de requerir más tiempo puede ampliar el plazo.
Cronología del feminicidio de Rosaura y multihomicidio de su familia
El pasado 5 de febrero se informó que un expolicía municipal asesinó a su expareja, así como a la madre y hermano de esta, la madrugada de ese día utilizando un arma blanca. Aunque el feminicida intentó huir y quitarse la vida, fue aprehendido y trasladado al hospital para su atención médica.
El 7 de este mes fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa, ya que el día de los hechos también dejó gravemente heridas a dos personas más.
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Por otra parte, el 6 de febrero, durante la mesa de jornada de paz en Pachuquilla, una compañera de trabajo de Rosaura denunció que el expolicía portaba uniforme de la corporación municipal y una patrulla del ayuntamiento para amedrentar a la víctima; además de que era apoyado por algunos de sus compañeros.
En tanto, el secretario de gobierno, Guillermo Olivares Reyna, y la diputada local, Tania Meza Escorza, aseguraron que debido a que Rosaura no se presentó a la primera jornada de paz, es que no se le pudo ayudar para evitar que fuera asesinada.
Esto, a pesar de que la occisa mantenía en proceso dos carpetas de investigación en contra de su agresor por violencia familiar; así como que refirió en audiencia ante la jueza Janeth Montiel que temía por su vida, ya que su violentador la acosaba y amedrentaba.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), Rebeca Aladro Echeverría, aseguró que la jueza actuó conforme a derecho, pues atendió las dos suspensiones al procedimiento que presentó la defensa del expolicía, en donde solo en una se opuso el Ministerio Público, mientras que en la segunda no lo hizo; por lo que la jueza accedió a que el imputado saliera libre.
Por último, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República del estado (PGJH), Francisco Fernández Hasbún, aseguró que la actuación del Ministerio Público fue correcta y que sí se opuso a la suspensión del procedimiento, pero la jueza determinó concederla al imputado.
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