Mineral de la Reforma y Pachuca deben aclarar destino de $11 millones
La ASF informó que, en el caso del municipio mineralense, se generó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria
De los tres municipios auditados en su cuenta pública 2020, Mineral de la Reforma aún tiene por aclarar 8 millones 33 mil pesos y Pachuca 3 millones 200 mil pesos, de participaciones federales, cuyo recurso no se comprometió en tiempo y forma.
De las auditorías realizadas en Mineral de la Reforma, Pachuca y Tulancingo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que, en el caso del municipio mineralense, se generó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, además de un pliego de observaciones, las cuales tendrá solventar.
De acuerdo con el dictamen de la ASF, se encontró que el monto por aclarar son 8 millones 33 mil 584.72 pesos, pues hay un faltante en la documentación comprobatoria del destino del recurso, luego de que no se exhibieron la totalidad de los contratos de servicios de reclutamiento, selección, reasignación, administración de nómina y suministro de recurso humano o personal especializado.
Además de que este contrato se dio por adjudicación directa y debió ser licitado públicamente. Otro punto que se detectó fue que el contrato formalizado no establece el precio unitario de los servicios y el importe total a pagar, ya que fue un contrato abierto.
Durante 2020, fueron dos administraciones las que gobernaron el municipio, la del exalcalde Raúl Baños y la del Concejo interino que encabezó Rubén Contreras.
En el caso de Pachuca se emitió un pliego de observaciones, luego de que se determinó que 3 millones 200 mil pesos estaban pendientes por aclarar y que corresponden a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido. Sin embargo, no se detalló a qué rubro corresponde.
De acuerdo con la ASF, la administración municipal que estuvo a cargo durante el año pasado, correspondió nueve meses a Yolanda Tellería y tres meses más a Tania Meza (presidenta del Concejo Interino); además, se detectó que el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 3 millones 199 mil 959.18 pesos. No obstante, aún cuentan con 30 días para subsanar.
Tulancingo es la alcaldía que salió sin observaciones en su cuenta pública y, según el resultado de la instancia auditora, de los 155 millones 473 mil pesos que se recibieron por concepto de participaciones federales y los rendimientos financieros (119 mil pesos), además de remanentes de un fideicomiso por 3 millones de pesos, el municipio contó con los registros contables y presupuestales de las erogaciones financiadas.
Además, en la revisión a su nómina los pagos correspondieron conforme lo planeado y ejecutado, e incluso se entrevistó a los trabajadores para corroborar los montos. Durante el año pasado, los primeros ocho meses gobernó el priista Fernando Pérez, y dejó en el cargo al alcalde interino Fernando Lemus Rodríguez.
De las tres alcaldías, este último municipio fue quien salió sin detalles, aunque en los tres se identificó que existe control en sus finanzas.
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