En las últimas décadas, el cambio climático y sus consecuencias se ha posicionado como la mayor preocupación ambiental para la humanidad. En tal escenario, la agenda internacional ha priorizado la construcción de espacios de dialogo y acuerdos que deriven en la adopción de compromisos en la materia con el fin de contrarrestar los efectos de dicho fenómeno.
Uno de los Acuerdos con mayor impacto se reflejó en el Acuerdo de Paris del año 2015, cuyo principal objetivo fue establecer medidas para disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados centígrados e incluso limitar tal aumento a los 1.5 grados. En ese contexto, cada país firmante se comprometió a suscribir un documento llamado “Contribución Determinada a Nivel Nacional,” en el cual se establecerían los compromisos específicos adoptados por cada país para la reducción de sus emisiones.
En el caso de México, los compromisos adoptados se establecieron en torno a dos componentes. El primero en materia de mitigación, el cual se enfoca en compromisos no condicionados para la reducción de las emisiones de GEI hasta en un 22% y las emisiones de carbono negro hasta en un 51% para el año 2030. El segundo componente es en materia de adaptación, orientado por compromisos condicionados para la reducción de ambos tipos de emisiones en magnitudes de hasta 36% y 70% respectivamente, para el año 2030.
Sin embargo, hace algunas semanas se publicó el sexto reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, el cual aporta evidencia contundente sobre los daños que las actividades humanas han provocado al medio ambiente, al tiempo de advertir que, de continuar la inercia presente, el ascenso de la temperatura global podría alcanzar aproximadamente 1.5 grados centígrados o más en los próximos 20 años.
Por ello, no resulta trivial advertir y asumir una nueva realidad en el ámbito público a partir del conocimiento de las implicaciones derivadas del reporte de la ONU y lo que conlleva el cumplimiento de las obligaciones ambientales previamente adoptadas a nivel nacional. Dicha nueva realidad habrá de traducirse en un nuevo orden de prioridades en materia de formulación de leyes y políticas públicas con visión transversal.
Es decir, la respuesta a los retos ambientales de la época habrá de girar en torno al posicionamiento de ciertos elementos fundamentales, tales como la descarbonización, transición energética, protección de las Áreas Naturales Protegidas, planificación urbana sustentable, uso eficiente de los recursos hídricos garantizando el acceso al agua y al saneamiento y mejores sistemas de gestión integral de los residuos.
En tales circunstancias, dichas medidas habrán incluso de coadyuvar y dar cauce a una trayectoria de reactivación y crecimiento económico sostenible y sustentable que domine el escenario post pandémico. Lo anterior, en el entendido de que aún contamos con cierto margen de maniobra para la adopción de una estrategia de mitigación multifactorial que encuentre reflejo específico en el quehacer legislativo y en la implementación de políticas públicas en el ámbito de todos los órdenes de gobierno.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
