El pasado 5 de septiembre concluyó la décima sexta edición de los Juegos Paralímpicos, con sede en la capital japonesa. Esta edición logró convocar a 4520 deportistas con alguna discapacidad, originarios de 163 países, para competir en 540 eventos de 22 deportes paralímpicos.
La historia de dichos juegos se remonta a 1948, cuando Sir Ludwig Guttmann, un médico cuya labor en aquel tiempo era rehabilitar a los soldados heridos de la Segunda Guerra Mundial, organizó una competición de tiro con arco con fines terapéuticos para veteranos que sufrían daños en la médula espinal. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una herramienta con fines terapéuticos, fue desarrollando redes deportivas de élite.
En esta ocasión, los dos juegos del verano se llevaron a cabo en medio de un escenario internacional complejo, marcado por la problemática de la pandemia. En ese sentido, vale la pena destacar y dimensionar los esfuerzos desplegados por atletas y organizadores, que permitieron llevar a buen puerto las justas deportivas. En el caso de la delegación paralímpica mexicana, los resultados reafirman la tendencia que nos ha posicionado como una potencia, colocándonos en la segunda posición del medallero histórico de los Juegos Parapanamericanos y en el Top 20 de los Paralímpicos.
Lo anterior, en un contexto en el que, según el censo del 2020 del INEGI, en México viven casi 21 millones de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, el 16.5% de la población. En tal escenario, el deporte y la actividad física se han convertido en verdaderos factores de inclusión social en beneficio de tal segmento de la población, en un entorno generalmente marcado por condiciones de inequidad en el acceso a oportunidades para su pleno desarrollo, en todos los ámbitos de la vida pública.
En ese sentido, los atletas paralímpicos se han beneficiado de un andamiaje institucional que a través de los esquemas introducidos por las Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ha logrado dar cauce al impulso deportivo de dicho sector poblacional, siendo la CONADE, en coordinación con el Comité Paralímpico Mexicano, la instancia encargada de diseñar, fomentar y ejecutar estrategias que incentivan la actividad física y el deporte como factor de inclusión en beneficio de la personas con discapacidad y sus familias.
Sin embargo, si bien es cierto que tal andamiaje normativo e institucional ha derivado en resultados satisfactorios en el escenario deportivo -aunado a la disciplina, mentalidad y determinación de los atletas-, lo cierto es que México no ha logrado consolidar una política integral de inclusión en beneficio de las personas con discapacidad, que mediante la formulación e implementación de políticas públicas con enfoque transversal, salvaguarde el bienestar y la plena incorporación de tal sector de la población en la vida económica, política, social y laboral del país, en igualdad de condiciones y oportunidades. En tales circunstancias, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que los mexicanos con algún tipo de discapacidad encuentren espacios de inclusión en todos los ámbitos de la esfera pública.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
