Iniciativa contra ‘outsourcing’ prevé cargos hasta por delincuencia organizada
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Juan Carlos Romero Aranda, advirtió que con la iniciativa para prohibir la subcontratación laboral, quien sea condenado por un delito de defraudación fiscal “recibirá penas de hasta 13 años y medio de prisión, pero además cuando estemos ante grupos de tres o más personas que preparen y ejecuten estos esquemas de manera reiterada o permanente serán procesados por delincuencia organizada”.
Al participar en el segundo día de parlamento abierto convocado por las comisiones de Hacienda y del Trabajo de la Cámara de Diputados, para revisar la iniciativa presidencial, el funcionario sostuvo que esa definición es congruente con la reforma penal fiscal que entró en vigor en enero.
Abundó que la propuesta busca terminar con prácticas que abonan a la defraudación fiscal como la subcontratación y simulación de servicios especializados, porque estas trastocan los derechos más elementales de trabajadores y ocasiona graves perjuicios al fisco.
Refirió que en los años recientes, los esquemas de defraudación han evolucionado hasta llegar a un alto grado de sofisticación.
Para defraudar al fisco, explicó, se usan despachos de abogados, y contadores, y supuestos especialistas se dedican a ofrecer estrategias a las empresas para “ahorrarse” las contribuciones y los recursos a sus propios empleados.
“En los años recientes se han multiplicado los contribuyentes que optaron por el camino fácil del engaño”
Abundó.
Citó que en 2016 existían 900 empresas que ofrecían servicios de subcontratación, de los cuales solo 337 estaban registradas ante la Secretaría del Trabajo, 100 estaban dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y solo 40 pagaban impuestos.
Mencionó que la Secretaría del Trabajo ha señalado que en México existen casi 6 mil empresas abusivas que evaden el pago de impuestos por 21 mil millones de pesos al año y se tienen detectadas mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, que concentran 862 mil 489 mil trabajadores.
“Se trata de subcontrataciones basadas en el engaño, porque están basadas en aparentar la subcontratación de sus propios empleados para evadir el pago del ISR y acreditar el IVA de manera ilegal”, cuestionó.
Por Roberto Garduño y Enrique Méndez