Hasta 2022 protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción
A partir del primero de enero de 2022 será posible la protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción
A partir del primero de enero de 2022 será posible la protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción, misma que podrá ser extensiva a familiares por afinidad y hasta tercer grado por consanguinidad.
Este lunes fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el estado de Hidalgo compuesta por cuatro títulos y 35 artículos y podrán ser aplicables a procedimientos iniciados con antelación a su entrada en vigor, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.
Dicha ley establece que, para decretar las medidas de protección, la autoridad deberá tomar en cuenta la vulnerabilidad del sujeto, la situación de riesgo, la importancia del caso y la trascendencia de la información presentada.
Tendrá que ser solicitada por el sujeto bajo protesta de decir verdad, señalando los datos o indicios que permitan advertir algún riesgo a su integridad física, psicológica, laboral, psicosocial, o afectación a un bien jurídico, derivados de la información presentada.
Las medidas de protección que se pueden decretar consisten en la reserva de sus datos personales, protección policial, cambio de dependencia o área administrativa, traslado a su centro de trabajo.
Además, brindarán alternativas para que la persona no se presente físicamente a los procesos de diligencias y atención psicológica, contará con restricción personal, es decir no podrá ser molestado en su persona de manera directa o indirecta, ya sea por el imputado, superior jerárquico o subordinados.
Restricción perimetral, consistente en que el o los servidores públicos imputados no podrán acercarse al sujeto de protección en un perímetro determinado por la autoridad que decrete la medida, y la preservación de sus condiciones laborales.
En caso de que el sujeto de protección se encuentre privado de la libertad, las autoridades deberán garantizar su integridad.
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