El llamado mando coordinado entre la Secretaría de Seguridad Estatal y los municipios del estado, se debate entre señalamientos de poca efectividad de quienes lo han abandonado y por el otro lado, acusaciones de corrupción y supuestos vínculos de mandos policíacos municipales con grupos delictivos, lo que obliga a una revisión de la estrategia creada para sumar la fuerza policiaca del estado contra la delincuencia organizada.
Desde un principio cuando se definió este sistema operativo, el alcalde de Progreso de Obregón, Armando Mera, rechazó su adhesión, al desafiar al entonces secretario de Gobierno Simón Vargas y de Seguridad Mauricio Delmar, con el argumento de la corrupción policíaca del estado, así que, anunció que este municipio únicamente tendría cooperación con las fuerzas federales.
Las consecuencias no tardaron, la muerte de una doctora en las instalaciones de la galera municipal, fueron el inicio de una crisis de seguridad en este municipio, que terminó con la detención de agentes y la población a merced de la delincuencia durante varios días, a la zona llegaron agentes de la Guardia Nacional y el estado tuvo que entrar para estabilizar; los indicadores no han mejorado sobre todo en delitos del fuero común.
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Ya en la actual administración estatal, los ayuntamientos de Atotonilco de Tula, Mineral del Monte, Tlahuelilpan y un vacilante Tezontepec de Aldama, decidieron abandonar el llamado mando, desde estas localidades se lanzaron acusaciones de desventajas, como la falta de reciprocidad en operativos, imposición de mandos policiacos, pago de “cuotas” y supuesto abandono en momentos críticos.
En contra parte, desde el edificio de la Secretaría de Seguridad de Hidalgo, se han revelado públicamente supuestas complicidades y actuaciones irregulares de los mandos policíacos municipales particularmente de Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula, como el supuesto vínculo con grupo de huachicoleros y narcomenudistas, en la lista también estaba Tula, que recién tuvo que ceder y cambiar al titular de la corporación, tras demostrarse la poca efectividad que tenían contra grupos dedicados a atacar los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Los expedientes de las supuestas irregularidades ya están en manos de la Procuraduría de Justicia del Estado, quien integra las carpetas para con las evidencias, comenzar el proceso contra las autoridades municipales, recién el propio gobernador del estado, Julio Menchaca, se refirió a este tema y confirmó las investigaciones.
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Paralelamente, basta decir que, Tlahuelilpan se encuentra junto con Mineral del Monte, entre los municipios investigados por el llamado caso de la “Estafa Siniestra” mediante el cual se desviaron cerca de 500 millones de pesos con la complicidad de autoridades estatales y empresas fachadas, expedientes que mantienen en la cárcel a tres alcaldes y suspendidos a tres más.
Y en medio de las diferencias se encuentra la ciudadanía, que tan sólo en tres días en Atotonilco de Tula, enfrentó 7 homicidios violentos, el más grave en las canchas deportivas, además de los continuos señalamientos de que existen colonias y comunidades dominadas por grupos delictivos donde no entra la policía de ningún nivel; algo se tendrá que hacer más allá de las acusaciones y señalamientos mutuos.
De mi tintero… No tardaron mucho en surgir las acusaciones locales en contra de Oscar Zamora Montero, Subdirector General de Administración, Finanzas y Planeación, quien tiene como origen el gobierno priista veracruzano de Javier Duarte (columna 15 de marzo), pues ahora enfrenta acusaciones y jornadas bajo protesta de trabajadores de salud, que lo señalan de frenar insumos, irregularidades y malos manejos… Donde las cosas no andan nada bien es en la presidencia municipal de Pachuca, pues Sergio Baños, acumula 4 procesos, tres en el Tribunal Electoral y uno más en el administrativo por opacidad en su administración, el alcalde se acerca al pago de multas y sanciones más graves que pondrían en riesgo su estancia, pues el tema podría llegar al Congreso.
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