FGR solicitará investigar a juez por caso Sedesol-Radio y Televisión de Hidalgo
La Fiscalía General de la República (FGR) buscará que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigue el actuar del juez de Distrito Gustavo Aquiles Villaseñor por haber exonerado de responsabilidad penal a Ramón “N”, por el delito de desvió de recursos mediante contratos ilegales suscritos por él en representación de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con Radio y Televisión de Hidalgo (RyTH).
En un comunicado, la Fiscalía calificó de ofensa al Derecho y a la recta impartición de justicia el actuar del juzgador pues existen fundamentos legales para acreditar la responsabilidad del acusado establecido en la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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También se adelantó que estarán apelando la sentencia e iniciarán de inmediato una carpeta de Investigación respecto a delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos.
Lo anterior tiene origen en la audiencia celebrada el pasado 1 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte encabezada por el juez Gustavo Aquiles Villaseñor quien no aceptó la responsabilidad penal argumentando que los contratos que suscribió con Radio y Televisión de Hidalgo eran legítimos.
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Esto al argumentar que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público señala que no era aplicable para el caso, sin embargo, la representación social de la Federación le expuso al juez durante la audiencia que este marco legal establece que si lo será cuando “la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización”.
En el caso, el exfuncionario de la Sedesol Ramón “N”, a nombre de Rosario Robles Berlanga, titular de dicha dependencia, firmó un contrato con Radio y Televisión de Hidalgo, pero éste no tenía la capacidad técnica, material y humana para prestar el servicio, pues subcontrató con 17 personas físicas y morales un porcentaje del 94.6 por ciento del importe del contrato original.
La Fiscalía dio a conocer que el agente del Ministerio Público le comunicó al juez la preocupación respecto de su indebida interpretación de la Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados, misma que era contraria a las múltiples determinaciones emitidas por sus homólogos en casos similares en donde sí se vinculó a proceso a los imputados.
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