Familiares de reos acusan corrupción el en Cereso de Mixquiahuala

Familiares de personas privadas de su libertad que se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mixquiahuala acusan que el jefe de seguridad y su hermano, de iniciales J.J.M.G. comenten diversos actos de corrupción al interior del Centro Penitenciario, los cuales presuntamente se intensifican en fines de semana.

De acuerdo con los familiares, el jefe de seguridad y su hermano se dedican a ingresar teléfonos celulares y cobran cuotas a los internos por tenerlos, las cuales son de entre mil y dos mil pesos, sin especificar periodicidad.

Además, refieren que el jefe de seguridad presuntamente ingresa sustancias ilegales que vende entre las personas que se encuentran en el Cereso de Mixquiahuala y luego manda a su comandante, identificado como J.A.B., a realizar rondines para decomisar esas mismas sustancias y poder castigar a aquellos que son sorprendidos.

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Según las versiones de los familiares, quienes prefieren mantenerse en el anonimato para evitar que sus parientes sufras represalias, si uno de los internos es sorprendido con sustancias ilegales, se les aplican multas de hasta 10 mil pesos con el objetivo de evitar que se generen reportes que vayan al expediente general.

Asimismo, los quejosos señalan que este presunto modus operandi se efectúa los fines de semana que es cuando la directora del Cereso no se encuentra, por lo que presuntamente aprovechan para ver la forma de sacar dinero y en caso de decomisar teléfonos, piden hasta mil 500 pesos para que se los regresen.

En caso de que las personas recluidas no puedan o no quieran pagar las multas impuestas, los quejosos acusan que los custodios a cargo les quitan sus camas y las venden en dos mil pesos, incluso atribuyen que se pide dinero para poder recibir visitas conyugales, así como por el uso de diversos insumos y servicios.

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Cabe señalar que el último informe penitenciario (2019) que emitió la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH) señala que dos de cada 10 personas privadas de su libertad han expresado ser víctimas de extorsión o se les ha pedido dinero por el acceso a un servicio o derecho, ya sea por parte de otro interno o por parte de la Autoridad Penitenciaria.

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