«Existió mala intención y urgencia por removerme»: Guillermina Vázquez
Afectaciones al proceso electoral de gobernador, argumentan en impugnación interpuesta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los exconsejeros del IEEH (Instituto Estatal Electoral de Hidalgo), Guillermina Vásquez Benítez y Francisco Martínez Ballesteros, removidos del cargo por las fallas registradas en el Programa de Resultados Preliminares (PREP) durante la jornada electoral de elección de ayuntamientos en 2020.
Los exconsejeros interpusieron un Juicio para la Protección a los Derechos Político Electorales del Ciudadano en contra del acuerdo aprobado el pasado 5 de febrero por el Consejo General del INE mediante el que se aprobó su remoción, mismo que fue registrado en el sistema integral de medios de impugnación y será remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación para su resolución.
En el recurso de impugnación la expresidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez argumenta que el pasado 24 de enero solicitó al INE la suspensión del procedimiento de remoción que fue negado el 31 del mismo mes, aún y cuando advirtió que su remoción significaba un «riesgo grave al proceso electoral de gobernador de imposible reparación», además de subrayar que generaría «desestabilización y confusión».
En el documento la exconsejera presidenta señala que la suspensión del proceso de remoción «no generaría riesgo o daño alguno a la función electoral y podría continuar en cualquier otro momento» tras concluirse el proceso electoral de renovación de gobernador de Hidalgo y era necesario para garantizar el tránsito normal del mismo.
Además de señalar que la suspensión del proceso de remoción fue negado por el Consejo General del INE con «argumentos carentes de lógica jurídica y evidenciando el interés de darle celeridad a la remoción».
«Se hace evidente que existía mala intención y urgencia por removerme» puntualiza Guillermina Vázquez al tiempo que cuestiona que en la misma sesión el pleno del INE resolvió negar la solicitud de suspender el proceso de remoción y avaló el acuerdo de su remoción.
Argumentó que hizo saber al INE que la remoción de consejeros generaría «políticamente una desestabilización a nivel de actores políticos, partidos contendientes y generando incertidumbre y desconfianza por parte del electorado».
La exconsejera presidenta solicita mediante el recurso de impugnación revocar el acuerdo del INE por el que se aprobó su remoción e insta a los magistrados de la Sala Superior a resolverlo de manera urgente.
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