En Pachuca la recaudación está disfrazada de seguridad

Pachuca ha mostrado una vez más que sus políticas están más orientadas a llenar las arcas municipales que a garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En lugar de implementar medidas para mejorar la movilidad y prevenir accidentes, el municipio parece enfocado en castigar a los conductores comunes con multas, mientras otorga un trato indulgente a los políticos y personas influyentes.

Un ejemplo claro de estas medidas recaudatorias es el operativo reciente que multa a quienes utilizan el carril del Tuzobús en la zona sur de Pachuca. Si bien este tipo de regulación podría justificarse en nombre del orden vial, en la práctica, la falta de alternativas de movilidad hace que los habitantes del sur de la ciudad pierdan hasta 50 minutos en sus trayectos diarios. En lugar de brindar opciones de transporte o nuevas rutas, el municipio simplemente opta por sancionar, convirtiendo esta medida en una fuente de ingresos en lugar de una solución a los problemas de tráfico.

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Lo que resulta aún más indignante es el doble estándar que se aplica dependiendo de quién infringe las reglas. Un caso que generó gran controversia fue el del exdiputado Alejandro Enciso, quien volcó su camioneta en la carretera de La Estanzuela a Pachuca. En lugar de enfrentar de inmediato las consecuencias, recibió un trato preferencial. La policía, en lugar de aplicar las normas con rigor, ofreció ayuda al exfuncionario, quien finalmente anunció que “voluntariamente” llevaría su camioneta al corralón y pagaría la multa.

Esta actitud contrasta drásticamente con el trato que recibe la mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué una persona común, que apenas llega a fin de mes, debe enfrentar severas multas de inmediato, mientras los políticos pudientes pueden decidir si cumplen o no con las reglas? La respuesta parece estar en un sistema de privilegios que protege a los poderosos y castiga a quienes no tienen conexiones o influencia.

El problema no termina con las multas. Cuando los ciudadanos realmente necesitan apoyo de la policía municipal, esta rara vez está presente. Los agentes, en lugar de ayudar a aliviar el caos vial o garantizar la seguridad en momentos críticos, parecen más interesados en cazar infractores para llenar las cuotas diarias.

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Un caso reciente lo ilustra claramente: el miércoles por la mañana, Froylán, un ciudadano común, perdió la vida al ser atropellado por un vehículo de carga en el puente de San Javier. El conductor huyó, y la policía, en lugar de dar resultados, dejó el caso en el aire. Esto deja claro que la prioridad no está en proteger a los ciudadanos, sino en recaudar, sin importar las necesidades reales de quienes viven y trabajan en la ciudad.

Si Pachuca realmente quiere mejorar la vida de sus habitantes, es hora de cambiar esta política de recaudación y comenzar a aplicar medidas justas, enfocadas en la seguridad y en soluciones de movilidad. En una ciudad donde los recursos públicos deberían destinarse a beneficiar a todos por igual, es inaceptable que las autoridades prioricen la recaudación por encima del bienestar ciudadano.

MHO

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