En la mira de la FGR hermana y cuñado de Collado, esposo de la actriz Yadira Carrillo
Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade, hermana y cuñado del abogado Juan Collado Mocelo, esposo de la actriz Yadira Carrillo están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en Andorra, los familiares del litigante recurrieron a una red de empresas utilizadas por el cártel de Sinaloa para lavar dinero.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDCSPCAJ-CDMX/0001645/2021, el 8 de julio de 2021 se inició la indagatoria en contra de Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade, titulares de una cuenta de Banca Privada de Andorra (BPA) que ingresó 50 millones de pesos.
Para abrir la cuenta, Lucía dijo ser ama de casa y licenciada en Comunicación. Su esposo, Mario Andrade, licenciado en Administración de Empresas, justificó el origen de los recursos argumentando que procedían de ahorros, nómina, bonos empresariales y beneficios de una sociedad familiar.
Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade utilizaron sociedades en México y Hong Kong con el fin de simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el Principado para depositar más de 7 millones de dólares en su cuenta. Recurrieron al Grupo Corporativo Uror SA de CV y Grupo Rilato SA de CV, Blick Aus SA de CV y Loom Textil México SA de CV, red de empresas utilizadas por el cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Abogado de figuras poderosas e influyentes, Juan Collado fue arrestado por agentes de la FGR el 9 de julio de 2019, al salir de un restaurante de lujo en la avenida Palmas de la Ciudad de México. Desde hace dos años y medio se encuentra en prisión preventiva dentro del Reclusorio Norte. Está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La familia Collado se formó a partir del matrimonio de José Ramón Collado Amieva, un comerciante que emigró de España a México, y Carmen Mocelo Ortiz, hija de un empresario español. La familia tuvo ocho hijos, entre los que se encuentran Juan Ramón y Lucía.
Lucía es ama de casa y está casada con Mario Andrade, desde 2007 asesor y mano derecha de Juan en su despacho. En 2015, además de estar en Collado&Asociados, se incorporó como director de Relaciones de Gobierno de Libertad Servicios Financieros (LSF) hasta 2018.
Mario Andrade siempre acompañó a su cuñado en todos los viajes que éste realizó a España y Estados Unidos, para gestionar la recuperación del dinero que le fue asegurado en Andorra. Su vínculo y confianza es estrecho. Los recursos por los que se le investiga por posible lavado de dinero y delincuencia organizada se encuentran vinculados a las cuentas de Andorra. Todos estos viajes están asentados en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional de Migración.
Juan Collado Mocelo tuvo un papel clave en la trama de los videoescándalos en contra del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, desde 2003, orquestado a partir de grabaciones realizadas por el empresario Carlos Ahumada.
Acusación de empresario
Como informó Dora Villanueva en este diario, el 7 de junio de 2019 se inició una investigación en México contra Collado y sus socios, luego de que el empresario Sergio Bustamente acusó que, en favor de la sociedad financiera, suplantaron su identidad para la venta de un espacio comercial en Querétaro por 156 millones de pesos. También en Andorra, se integró un expediente en el que se documentan maniobras para ocultar y triangular recursos vía la sofipo (https://bit.ly/323ywnr).
Caja Popular Libertad era una caja de ahorro que nació hace 61 años en Querétaro. Fue fundada por los sacerdotes Luis Ugalde, Emilio Perrusquía y Agustín Saavedra. En 2012, contaba con 1.5 millones de socios y activos por 9 mil 398 millones de pesos. En ese año, durante la sesión del Consejo de Administración, se determinó la necesidad de convertirla en una sociedad financiera, para consolidarla como banco popular. Se creó así LSF.
José Antonio Rico Rico fue presidente de la entidad financiera hasta enero de 2013 y luego su vicepresidente. En ese periodo, para tener el control de la institución, canjearon los títulos de los socios excluyendo sin transparencia a miles de ahorradores. Francisco Javier Rodríguez Borgio, dueño de la cadena de casinos Big Bola y ex presidente del Grupo Gasolinero Mexicano, compró en 2014 la administración de la Caja Libertad en 850 millones de pesos. Sin embargo, no la pudo ejercer por los escándalos en sus casinos y Oceanografía.
Fue así que se abrió la puerta para que Juan Collado pudiera entrar al grupo y se convirtiera en socio con 25 mil acciones, con un valor unitario de mil 544.49 pesos, por un valor total de 38.6 millones 612 mil 250 pesos. El 30 de abril del mismo año se nombró presidente honorario a José Ramón Collado Amieva, padre del abogado. El 4 de mayo de 2015 se nombró a Juan Ramón Collado presidente del Consejo de Administración.
Dos días después de asumir el cargo, en asamblea extraordinaria de accionistas de LSF, propuso fusionar la empresa Prenda Oro e integrarla al capital de la financiera. Con ello se incrementó el capital social, sucursales y la cartera de clientes. La fusión se efectuó el 30 de junio de 2015. Juan Ramón Collado Mocelo y Juan Ramón Collado Amieva se convirtieron en los accionistas mayoritarios, al contar con 85 por ciento de las acciones, y su padre con 15 por ciento restante. Emitieron entonces a su favor 427 mil 546 acciones ordinarias de la serie A.
El criterio de oportunidad que procura el abogado Juan Collado para salir de la cárcel buscaría resolver sus demandas y permitir que sus familiares queden exentos de las acusaciones derivadas de esta red de complicidades y lavado de dinero, así como lograr conservar el control de la Caja Libertad en México, sólo reparando el daño.
Por lo pronto, las autoridades hacendarias han hecho a Collado diversos señalamientos fiscales que siguen abiertos y en investigación.
Luis Hernández Navarro/La Jornada
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