Dos viñetas de la abogacía mexicana
Días de contraste para la abogacía mexicana. Descrédito y reconocimiento mostraron, apenas en unas cuantas horas, en espacios diferentes, condiciones opuestas del ejercicio profesional coincidentes en el servicio público, con diversas pero igualmente trascendentales repercusiones y calificaciones para la profesión jurídica.
Me alejo de la cronología para el relato; preferible empezar por lo amable.
Tras un prolongado proceso, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, eligieron el jueves anterior a los cinco jueces que se integrarán a la Corte Internacional de Justicia a partir del 6 de febrero de 2024 por un periodo de nueve años.
Las y los elegidos son: Hilary Charlesworth, de Australia, quien fue reelecta, Bogdan-Lucian Aurescu, de Rumania, Sarah Hull Cleveland, de los Estados Unidos de América, Dire Tladi, de Sudáfrica y el mexicano Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco.
De acuerdo con el Estatuto de la Corte, esas elecciones recaen en personas, independientemente de su nacionalidad, de alto carácter moral poseedoras de las calificaciones requeridas en sus respectivos países para el nombramiento de los más altos cargos judiciales, o sean jurisconsultos de reconocida competencia en derecho internacional.
El ordenamiento exige, además, garantizar en el conjunto del organismo, integrado por quince juezas y jueces, la representación de las principales formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos del mundo, para cual prohíbe la presencia de dos integrantes de igual nacionalidad.
El embajador Gómez Robledo es abogado por la Universidad de París y doctor en Derecho por la Nacional Autónoma de México. Ingresó al Servicio Exterior mexicano en 1988. Fue subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, embajador en Francia, actualmente representante permanente alterno en las Naciones Unidas. Ha sido docente en el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el ITAM. Propuesto por el gobierno de México, su elección fue un reconocimiento internacional a la abogacía nacional.
Antecedieron a la presencia de Juan Manuel Gómez Robledo en la Corte Internacional de Justicia los compatriotas Isidro Fabela, Roberto Córdova, Luis Padilla Nervo y Bernardo Sepúlveda Amor. Se suma a la de Socorro Flores Liera y Eduardo Ferrer McGregor, jueza y juez en la Corte Penal Internacional y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.
Los tonos de la otra estampa son menos festivos. Solo conocerse produjo escasos aplausos y abundantes descalificaciones. Fue la renuncia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una secuencia donde, cuando menos, el desaseo sustituyó a la prudencia deseable en los altos estratos del Estado, responsabilidad de la abogacía.
Sin conclusión formal ni políticamente cierto, el cuestionado proceso exhibió otras formas – tanto o quizá por inéditas cuestionables –, provocó especulaciones, sugirió atajos para librar impedimentos ulteriores, y abrió un interesante debate sobre la permanencia de ministras y ministros en su cargo a partir de las condiciones constitucionales inherentes a su desempeño aceptadas al protestarlo. En un prolongado ambiente hostil para la profesión, el gremio y las instituciones jurídicas, la renuncia del ministro Zaldívar generó de inmediato un nuevo lance entre política y derecho. El final, muy posiblemente lejano, y sus consecuencias, podrán sumarse a favor o en contra de la elección directa de juzgadoras y juzgadores, anunciado tema de campaña.
