La última vez que los diputados locales pudieron negociar su voto por obras, fue en diciembre del 2021, cuando se integró el presupuesto estatal, después fue el propio gobernador Julio Menchaca, quien en reunión privada con sus aliados de Morena, PVEM, Nueva Alianza y PT, les adelantó que ya no habría esas asignaciones que permitían a los legisladores regresar a sus comunidades con las banderas de las gestiones desplegadas y los bolsos llenos de las ganancias obtenidas.
En el escritorio del mandatario morenista, fueron entregados los expedientes de los representantes populares de los diferentes partidos políticos que en los últimos 6 años, habrían obtenido los “beneficios de su gestión”, caminos, puentes, obras de agua, drenaje y electrificación que, además de la raja política, también les dieron provechosas cantidades.
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En las mismas actas de sesiones existen los antecedentes de las acusaciones, como la de Osiris Leines el 30 de diciembre del 2021, cuando señaló al panalista José Noé Hernández Bravo, de tener un listado de obras que serían asignadas a municipios fuera de su distrito pero que gobernaba el llamado partido de los maestros y de los cuales obtendrían los llamados “Moches”, el tema no fue desmentido y en el papel tampoco retirado.
De acuerdo con las versiones de los mismos involucrados, la operación funcionaba de la siguiente manera, se cabildeaban obras para municipios afines a su partido político o distrito y con la aprobación en la mano, los gobiernos municipales o bien entregaban el 10 por ciento de lo que representaba la obra o la asignaban a las empresas que los diputados decidían.
En la administración pasada, la oficina de la operación fue la del secretario de Gobierno Simón Vargas, según las versiones de panalistas, morenistas y petistas, mientras que los priistas dicen que también desde la Secretaría de Finanzas a cargo de Jessica Blancas, se lograban las asignaciones, aunque en el último año los tricolores se quejaron de ser los menos beneficiados con este esquema.
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Quizá por ello, el gobernador fue claro en aquella reunión, las obras y gestiones se habían acabado y todo saldría desde el gobierno estatal y las asignaciones hechas a las diferentes dependencias, lo que generó caras largas, insistencia de algunos como Carmen Lozano del PVEM, que vio truncada la posibilidad de obtener “ingresos extras” como aseguran los grupos priistas, ocurrió con su hermano el ex alcalde de Zimapán José María Lozano, con los 200 millones de recursos extraordinarios que obtuvo del gobierno federal para obras de agua en comunidades como compensación a las protestas por la instalación del fallido basurero tóxico, pero estas nunca se llevaron a cabo.
De mi tintero… La Fiscalía Especializada para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura es el ejemplo de la indolencia y opacidad, no se movió una sola de las mil 200 carpetas de investigación y su ex titular Oscar Salcedo, aseguran, dispuso de lo poco que tenían para beneficios personales, como un vehículo utilizado por su pareja sólo por citar un caso, de las irregularidades afirman, ya le entregaron un expediente al encargado de la Procuraduría estatal Santiago Nieto…A propósito del INE en Hidalgo, aseguran que sí los partidos políticos en realidad quieren buscar los beneficios personales, deberían empeñarse en propiciar una auditoría externa que demostraría los beneficios personales que obtienen los funcionarios desde la secretaría general hasta la administración…
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