Desaparición de poderes
Desde lo Regional
El desafuero del gobernador de Tamaulipas sacó de las añosas vitrinas del constitucionalismo mexicano aquel procedimiento aplicado a lo largo del siglo veinte para resolver diferendos políticos entre el centro y alguna entidad federativa, establecido en la fracción V del artículo 76 de la Constitución General, mediante una interpretación incongruente con el diseño del constituyente. Así sucedió hasta la última vez que se aplicó en 1975, en el estado de Hidalgo, con el claro y único objetivo de dar por concluida la relación política entre el presidente de la República Luis Echeverría y el ex gobernador Manuel Sánchez Vite, apenas 29 días después de iniciado el gobierno del doctor Otoniel Miranda.
Después de aquella no hubo otra y si en cambio se produjo una reforma a la Constitución que definió el sentido de la facultad para que el Senado perdiera la de declarar desaparecidos los poderes y la redujo a nombrar al gobernador provisional cuando todos aquellos hubieran desaparecido.
Para completar la decisión del Poder Constituyente fue reglamentada mediante una ley donde se definieron las cuatro hipótesis aplicables para tener por desaparecidos los poderes locales con el objetivo de evitar interpretaciones con mayor carga política que razones jurídicas.
Quedó claro desde entonces que el precepto constitucional debía entenderse como una facultad del Senado para resolver una vez que los poderes estaban desaparecidos, esto es reconocer formalmente esa situación, no desaparecerlos mediante un decreto legislativo. Así se contuvo una práctica invasiva y violatoria a la soberanía de los estados. Fue sin duda un fortalecimiento al sistema federal. El federalismo obtuvo un triunfo que trajo como resultado la citada segregación del precepto constitucional y evitó desde entonces la indebida aplicación, desde el centro, en perjuicio de la institucionalidad federalista.
La alternancia en los gobiernos locales y el gobierno federal dividido -igual que muchos estatales-, fueron condicionantes que abonaron a un nuevo esquema de las relaciones estaduales con la Federación, particularmente con el Ejecutivo. Surgió otro esquema de equilibrios. Desaparecer los poderes de un estado dejó de ser opción y quedó en el arrumbamiento, perdió peso y viabilidad política. Se recurrió entonces a la sola renuncia del gobernador en problemas. También aparecieron otras formas de solución, las “concertacesiones” por ejemplo, para los conflictos poselectorales.
Una de las primeras voces que regresó al escenario político la facultad senatorial fue la del senador Ricardo Monreal quien habló, en principio, de la posibilidad de iniciar en esa Cámara un procedimiento con tales fines ante la situación tamaulipeca. La reacción desde Ciudad Victoria no se hizo esperar y con la sensibilidad política que lo caracteriza, el también presidente de la Junta de Coordinación Política matizó con una propuesta de intervención política del Senado para dar salida al juicio del que son parte el gobernador de aquella entidad y la Fiscalía General de la República.
No hay en el artículo que establece las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores una que le posibilite a intervenir jurídicamente en situaciones como la que ahora vive el estado de Tamaulipas y personalmente su gobernador. No obstante, la naturaleza de la representación que tiene, precisamente la del Pacto Federal, sugiere esa ruta de atención a la problemática de una de sus partes por vía de la negociación política.
Los estados que en el siglo pasado sufrieron esas desapariciones de poderes, saben del impacto negativo que tienen en su estabilidad y la recomposición no siempre rápida para continuar su desarrollo. El ánimo centralista de su ejecución debe desecharse de las prácticas políticas para alejar el despropósito de su riesgo.
En una época que apunta a la transformación de la vida nacional no pueden propiciarse desequilibrios que después de enrarecer el ambiente se estrellan en los principios del modelo federal. Imaginemos otras fórmulas que sin distorsionarlo ni pervertirlo desde la Constitución, lo actualicen y perfeccionen. Si regresamos al cajón de la historia que sea para no sacar lo tóxico, si para aprovechar las mejores lecciones.
