/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2025/09/Defiende-Nueva-Alianza-a-docentes-que-son-regidores-ante-iniciativa-de-Morena-2025.jpg)
La diputada de Nueva Alianza Hidalgo, Mónica Leanett Reyes Martínez, expresó su rechazo a la iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza de Morena, para evitar que docentes ocupen cargos públicos en los ayuntamientos, al calificarlo una vulneración de derechos humanos.
Durante el desarrollo de la sesión publica de este martes, la diputada morenista expuso su proyecto en el que se busca establecer que quienes ejercer la docencia “re,munerada” deban solicitar licencia para poder acceder a cargos de elección popular como regidurías, sindicaturas o presidencia municipal.
Lo anterior con el objetivo de que tengan una dedicación plena a sus funciones, pues considero que ejercer ambas actividades “resulta incompatible, ya que ello necesariamente divide tiempo y atención, afectando la eficacia y la imparcialidad en el ejercicio del cargo público” expuso.
Actualmente, el marco legal permite que quienes ejercen la docencia no soliciten licencia si aspiran a ocupar un cargo en el ayuntamiento, lo anterior, según consideró la diputada, genera una duplicidad de roles y la percepción de doble remuneración, “lo cual va en contra de los principios de transparencia, imparcialidad y eficiencia que son fundamentales para el buen servicio público”, indicó.
En su proyecto, propone que se exceptuará esta norma, siempre y cuando el docente no reciba una remuneración por su actividad y cuando no perjudique las funciones de su cargo.
Al respecto, la diputada Mónica Reyes Martínez, expresó que este proyecto debe considerarse un retroceso a los derechos politico-electorales, “porqué limitar la participación de los trabajadores de la educación, lejos de representar un conflicto de interés, aportan experiencia y vocación de servicio que enriquecen la gestión pública” abundó.
Consideró que la propuesta va en contra de los derechos de los trabajadores de la educación, y cualquier caso si se acepta la propuesta, debería aplicarse para cualquier actividad económica, estableciendo una obligación para que suspenda su trabajo o cierren sus negocios.
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