Defiende Lorena García legalidad de “apoyos sociales” a regidores ante denuncia de peculado

Denuncian presunto desfalco millonario; gobierno de Tulancingo responde y defiende uso de recursos

Defiende Lorena García legalidad de “apoyos sociales” a regidores ante denuncia de peculado

Uso de recursos en Tulancingo genera polémica; alcaldesa defiende legalidad tras denuncia por presunto desfalco millonario.

Nathali González
Abril 15, 2026

La presidenta municipal de Tulancingo, Lorena García Cázares, fijó una postura institucional para defender la legalidad de los recursos asignados a los integrantes del Ayuntamiento, luego de que se hicieran públicos presuntos manejos irregulares en las finanzas locales.

La alcaldesa sostuvo que con la finalidad de que los integrantes del ayuntamiento puedan cumplir con sus tareas de apoyo y gestión social con la ciudadanía de Tulancingo, el mismo cabildo aprobó en el presupuesto de egresos 2025 el concepto de gasto 440 000 denominado ayudas sociales.

¿Qué dice el Ayuntamiento sobre los recursos señalados?

Según la mandataria municipal, esta partida fue aprobada conforme a lo establecido en el acta y los anexos de la cuarta sesión extraordinaria de cabildo, celebrada el 20 de diciembre de 2024.

“Los regidores tienen derecho a realizar acciones de asistencia social y es responsabilidad de cada uno de ellos entregar un informe de rendición de cuentas de cómo han gestionado los apoyos sociales”.

Asimismo, enfatizó que su gobierno no encubrirá irregularidades ni emitirá juicios anticipados, dejando en manos del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) las verificaciones que legalmente procedan.

Esta postura institucional surge tras darse a conocer la denuncia penal presentada por el síndico hacendario, Pedro Hiram Soto Márquez, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. La querella, bajo la carpeta 12-2026-04645, acusa a la alcaldesa y a su secretario particular, Fernando Vital Licona, de un presunto desfalco que podría ascender a los 4 millones de pesos anuales.

De acuerdo con el síndico, el esquema de presunta corrupción consiste en la entrega de bonos anuales de 200 mil pesos a regidores, los cuales serían “disfrazados” a través de la partida 441001 (Apoyos y Ayudas a la Población) de la Secretaría Particular. Soto Márquez sostiene que estos pagos se triangulan a través de terceras personas para simular apoyos sociales, una inconsistencia que detectó al revisar la documentación de la Cuenta Pública 2025.

Entre las anomalías detectadas destacan 11 domicilios que concentran 38 apoyos distintos, así como beneficios otorgados a personas con residencia fuera de la región, en estados como Guanajuato y Tabasco. La denuncia también documenta la entrega de recursos a funcionarios en activo, incluyendo un director y personal de la oficina de la presidencia y el DIF Municipal, además de evidencias que vinculan directamente estos recursos con familiares de siete regidores.

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