Crímenes de odio en Hidalgo: subsiste la impunidad
• Hidalgo tiene pendiente la penalización agravada de los delitos por motivos de orientación sexual. Falta trabajar desde la esfera pública para evitar discursos que promuevan agresiones contra la comunidad
Hidalgo es una de las entidades que tiene pendiente la tipificación de los crímenes de odio en contra de quienes ejercen su derecho de orientación sexual, identidad o expresión de género, pero más allá de eso, es necesario trabajar en la erradicación del discurso de odio.
De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el discurso y las expresiones de odio son aquellas formas del lenguaje con cargas peyorativas, agresivas o excluyentes que propagan, incitan, promueven o justifican la intolerancia, particularmente, hacia las minorías.
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Aunque se tienen avances importantes para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexo genérica, como es el cambio de género en las actas de nacimiento, la penalización de las prácticas de reconversión, entre otros, existen derechos pendientes por concretarse en las legislaciones locales.
Arlan Cruz Olvera, representante del colectivo Quórum, refirió que más allá del reconocimiento de los crímenes de odio por motivos de orientación o identidad de género en el Código Penal del Estado, se debe trabajar desde la esfera pública para evitar los discursos que promuevan agresiones o actos de discriminación contra la comunidad, pues son el primer paso para delitos que atentan contra la integridad de las personas.
Propuesta lleva un año congelada en comisión
En abril del 2022, el diputado local de Morena Luis Ángel Tenorio Cruz presentó una iniciativa al Congreso del Estado para reconocer los crímenes de odio, sin embargo, dicha propuesta sigue detenida en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia.
El objetivo es considerar como homicidio o lesiones calificadas cuando el sujeto activo las cometa por odio o por prejuicio hacia la víctima, con base en diferentes motivos, entre ellos, el origen étnico, color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la identidad o la expresión de género, la edad, las discapacidades, condición social, la apariencia física, la orientación sexual, entre otras.
El diputado explicó que este tema también es abordado en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado para generar protocolos de actuación que garanticen el acceso a la justicia.
Algunas entidades que ya reconocen los crímenes de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género son: Baja California, Tlaxcala, Quintana Roo, Jalisco, Sinaloa, Chiapas y Ciudad de México.
Falta capacitar para prevenir: activista
Aunque lograr este avance legislativo es importante para las personas de la diversidad sexo genérica, Arlan Cruz recalcó como prioritario enfocarse en la capacitación y orientación a docentes y en el sector público para no permitir la difusión de mensajes en contra de personas LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer y más).
“Es importante la prevención, porque si nosotros permitimos que existan más discursos de odio, serán consecuencia de los crímenes de odio” comentó el representante de Quórum, por ello, llamó a partidos políticos, funcionarios de todos los órdenes de gobierno y docentes, a ser cuidadosos en el discurso que se maneja y tener apertura para capacitarse en el uso del lenguaje incluyente.
“Es importante prevenir desde el discurso de odio, no fomentarlos ni permitirlos porque este es un primer paso para un crimen de odio… sensibilizar cuáles son las consecuencias de este rechazo social, incluso puede llevar a una idea suicida”, expresó el activista.
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En esta búsqueda de prevenir el discurso de odio, los activistas ya han ingresado tres quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en este 2023, una de ellas contra el diputado Fortunato González Islas por comentarios discriminatorios y otra contra el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de Pachuca, Ricardo Rivera Barquín por ordenar el retiro de un tianguis que integrantes de la comunidad habían instalado en Plaza Independencia.
Se suma también el recurso ingresado contra la regidora de Pachuca, Olivia López Villagrán por emitir un discurso discriminatorio en una sesión de cabildo expresando un rechazo a las familias no tradicionales.
2023 acumula 10 agresiones contra la comunidad: Visible
De enero de este año a la fecha, la entidad ya suma diez agresiones en contra de personas de la diversidad, las cuales se dieron principalmente en Pachuca, según datos de la plataforma Visible, predominando los casos en personas de 18 a 25 años y de 26 a 30 años.
Entre los principales agresores destacan servidores públicos, jefes, maestros y vecinos, quienes ejercieron actos de discriminación, amenazas, despidos injustificados y violencia física o verbal.
Aunado a estos datos, el colectivo Quórum alertó sobre otro tipo de agresión en donde ofrecen bebidas adulteradas a las víctimas para dormirlas y posteriormente robarles sus pertenencias.
Arlan Cruz explicó que de 2021 al 2023 suman cinco casos con el mismo modus operandi en donde la víctima, perteneciente a la comunidad de la diversidad sexual, conoce a otra persona y se citan en su domicilio, “les ofrece unas bebidas que a unos minutos de tomarlas caen dormidos, ya tenemos conocimiento de cinco personas que les ha pasado esto, les roban sus pertenencias”, dio a conocer el activista.
No obstante, lamentó que no siempre existen denuncias de las víctimas por temor a que puedan ser revictimizados o exhibidos por los agentes del Ministerio Público.
Piden oficina de atención a la diversidad en la PGJEH
Ante la falta de sensibilización de los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Arlan Cruz dio a conocer que, en conjunto con el encargado del despacho, Santiago Nieto Castillo, se trabaja para la creación de una oficina de atención a temas de la diversidad sexo genérica, “no queremos una ventanilla única, pero sí unas oficinas con perspectiva de género y de diversidad” expuso.
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Así mismo, buscan atender las carpetas de investigación de víctimas de integrantes de la comunidad que no han sido resueltas tal es el caso de la muerte de Fernanda Lavalle, asesinada en el 2010, la desaparición de Osmara San Juan ocurrida en el 2018 y de Edgar de la Peña en el 2021, entre otros.
Al respecto, el diputado Luis Ángel Tenorio adelantó que han sostenido reuniones con la PGJEH para darle celeridad a estos asuntos rezagados.
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