Congreso aprueba que Estado y Municipios contraten financiamientos a largo plazo
El Gobierno del Estado y los Municipios podrán contratar uno o varios créditos o financiamientos a largo plazo que les permitan atender necesidades de infraestructura como agua potable, drenaje, alcantarillado, urbanización o electrificación en comunidades con alto y muy alto nivel de rezago social de acuerdo con lo aprobado por el Congreso de Hidalgo.
El diputado Octavio Magaña Soto, refirió que el dictamen por el que se autoriza al Estado por medio de la Secretaría de Finanzas y a los 84 municipios para que gestionen y contraten con instituciones financieras o de crédito, uno o varios financiamientos de largo plazo, permitirá otorgarles las herramientas para cubrir las necesidades que muchas veces no alcanzan a hacerlo por el limitado presupuesto.
Expuso que la carencia de recursos limita la distribución de servicios públicos que ayuden a elevar la calidad de vida con el propósito por ello acordaron realizar diversas modificaciones legales que les permitan hacer frente a sus necesidades y demandas sociales.
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) Hidalgo tiene un importante rezago social pues ocupa el lugar seis a nivel nacional, además señala que en 24 municipios se presentan un grado de rezado medio o alto y en 518 localidades se tiene un nivel alto y muy alto.
Derivado de lo anterior se autorizó que los municipios contraten los financiamientos teniendo como fuente de pago hasta el 25 por ciento de sus ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
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Estos recursos deberán ser destinados únicamente a inversiones que beneficien directamente a población con alto y muy alto nivel de rezago social así como a las zonas de atención prioritaria, en particular a los rubros de agua potable, drenaje, alcantarillado, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, al igual que para infraestructura básica del sector salud y educativo.
Lo anterior sin dejar de observar los principios de transparencia que establece la Ley de Disciplina Financiera de la Entidad, por lo que en todo momento deberán asegurar una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas.
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