Comités comunitarios podrían administrar y controlar las aguas de sus territorios
La diputada María del Carmen Lozano Moreno presentó al Congreso del Estado una propuesta de reforma a la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo para que los pueblos originarios y, en general las comunidades organizadas, operen sus propios sistemas comunitarios de agua y saneamiento, a través de sus propias instituciones y formas de gobierno.
En su propuesta destacó la necesidad de darle reconocimiento legal a estos sistemas comunitarios de agua y saneamiento, para fortalezcan sus capacidades, y darles la facultad de administrar la gestión de los recursos hídricos para lograr la realización de los derechos humanos al agua y saneamiento en sus regiones.
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De avalarse esta figura, los pueblos originarios y, en general las comunidades organizadas a través de sus propias instituciones y formas de gobierno estarían siendo consideradas como sujetos colectivos de derecho público y con facultades para usar, administrar y conservar las aguas en los territorios que habitan.
En la propuesta, la legisladora señaló que de aprobarse las reformas podrán controlar, manejar, administrar y distribuir el agua de sus territorios, regular la explotación, uso o aprovechamiento del agua en su territorio, preservar y asegurar la sustentabilidad de los recursos hídricos, mediante acciones y medidas pertinentes que permitan evitar los daños a ecosistemas y al ambiente, así como para hacer frente a los riesgos climáticos.
De igual forma, se establece la facultad de formar consejos y otras formas asociativas de gobierno, con otras comunidades, para manejar de manera coordinada las aguas compartidas entre sus respectivos territorios.
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Generar y hacer respetar reglamentos propios para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua, gestionar e implementar proyectos locales de cultura del agua y buen manejo del territorio, y ser compensados por los servicios hídrico-ambientales que protegen, conservan y restauran.
Finalmente refiere que la infraestructura del comité comunitario de agua y saneamiento será un recurso público que no podrán ser privatizada.
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