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Un juez federal determinó no vincular a proceso a María Luisa N. y María N., acusadas de defraudación fiscal en el caso del presunto desfalco millonario a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), tras concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) violó el secreto bancario al requerir información financiera más allá de lo autorizado judicialmente.
De acuerdo con información recabada por una revista local, ambas mujeres, señaladas como socias de la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., fueron acusadas por la FGR de no presentar declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) entre 2014 y 2017, a pesar de que su empresa reportó ingresos acumulables superiores a 46.9 millones de pesos. Según la imputación, esto derivó en una omisión fiscal de 7 millones 48 mil 704 pesos, lo que habría constituido el delito de defraudación fiscal equiparada.
Sin embargo, el juez José Salvador Rodríguez Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal en Pachuca, concluyó que el Ministerio Público excedió los límites autorizados por el juez de control al solicitar información bancaria, lo que vulneró derechos fundamentales de las imputadas y derivó en el auto de no vinculación a proceso.
De acuerdo con la investigación, la empresa Contabilidad del Siglo XXI, fundada el 18 de enero de 2001, fue creada para ofrecer servicios de asesoría, consultoría administrativa, fiscal, contable y auditoría.
María N y María Luisa N., figuraban como presidenta y vicepresidenta del consejo de administración, respectivamente, por lo que la FGR las responsabilizó de las omisiones fiscales cometidas entre 2014 y 2017.
Contabilidad del Siglo XXI es una de las empresas identificadas por las autoridades como parte de una red de compañías “fachada” presuntamente utilizadas para la triangulación de recursos públicos de la UAEH, cuyo destino final habría sido Gerardo Sosa Castelán, exrector de la universidad y expresidente del Patronato Universitario, así como sus hijas.
Sosa Castelán enfrenta actualmente cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto superior a 58 millones 245 mil 948 pesos, que la FGR asegura provienen del erario universitario.
Aunque en septiembre de 2024, un juez federal en Almoloya de Juárez sobreseyó parcialmente los delitos imputados al también líder moral del llamado Grupo Universidad, en marzo de 2025, un tribunal de apelación revocó esa decisión y ordenó continuar el juicio. Sosa ha reiterado su inocencia y confía en obtener una sentencia absolutoria.
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