ASF: SSH debe aclarar 63 mdp por compra de ambulancias y medicamentos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que los Servicios de Salud de Hidalgo deben aclarar el destino de 63 millones 089 mil 937.26 pesos derivado del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS) del ejercicio fiscal 2022, ya que se encontraron irregularidades en la adquisición de ambulancias, refrigeradores y medicamentos.

De acuerdo con el documento correspondiente a la tercera entrega de Fiscalización de 2022, la dependencia hidalguense no solventó en el periodo de auditoría 21 millones 609 mil 797.76 pesos por la adquisición de seis ambulancias, de las que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa que describa de manera pormenorizada las especificaciones técnicas y costos que comprendieron el equipamiento respecto de la conversión a tipo ambulancia.

Asimismo, emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, determine la presunta responsabilidad administrativa correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción a la licitación respecto de la adquisición de las ambulancias adjudicadas de manera directa.

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Además, no describieron de manera pormenorizada en el dictamen de excepción las especificaciones técnicas y los costos que comprendería el equipamiento tipo ambulancia; no especificaron los plazos y condiciones de la entrega de los bienes solicitados, ni publicaron la adquisición de los bienes en su página de Internet.

Además, desarrollaron el proceso de adjudicación en un lapso de tiempo incongruente, ya que las cotizaciones base para el estudio de mercado se realizaron el 27 de diciembre de 2022, el estudio de mercado se emitió el 28 de ese mes, el presupuesto y el dictamen de excepción a la licitación se autorizó el 29, el contrato se celebró el 30 de diciembre y finalmente las ambulancias se entregaron el 31, por lo que en los lapsos de tiempo en los que se llevó a cabo el proceso, no se aprecia que existiera un plazo razonable para la conversión de los vehículos en ambulancias y su equipamiento, por lo que se presume el conocimiento adelantado por parte del proveedor del resultado respecto al dictamen del proceso de adjudicación.

En tanto, la empresa ganadora de la venta tuvo que recurrir a un tercero para dotarse las ambulancias y poder entregarlas al estado; sin embargo, las facturas realizadas por una de las empresas a las que recurrió el proveedor adjudicado por la venta de los seis vehículos fueron emitidas el 2 de diciembre de 2022 a favor de otra empresa distinta a las que recurrió el proveedor; es decir, fueron emitidas 27 días antes del procedimiento de adjudicación; además, las facturas fueron a favor de una razón social ajena al procedimiento de contratación celebrado.

Asimismo, la ASF precisó que los servicios de salud del estado no verificaron que una de las empresas a las que recurrió el proveedor adjudicado para proveer los vehículos y el servicio de la conversión para ambulancias contó con la certificación de la NOM-034-SSA3-2013 a la que deben sujetarse los servicios de atención médica por medio de unidades móviles tipo ambulancia, y que la misma empresa presentó una certificación de la norma ISO:9001:2015 no vigente a la fecha del procedimiento.

Asimismo, no verificaron que el proveedor adjudicado no acreditó la propiedad de las unidades móviles tipo ambulancia que facturó a favor de los Servicios de Salud de Hidalgo; tampoco verificaron que las facturas emitidas se realizaron con la clave que corresponde a vehículos usados, de alquiler o de exposición y que cinco de las ambulancias fueron distribuidas a unidades médicas distintas a las estipuladas en el contrato, pues no se presentó convenio modificatorio para dicho fin.

Por último, la auditoría detectó que no tramitaron los formatos de «Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja» con Homoclave FF-COFEPRIS-02, a los que hacen referencia el trámite COFEPRIS-05-036 de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a la NOM-034-SSA3-2013 (a la que se sujetó el contrato), en incumplimiento de la Constitución.

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Por otra parte, aunque fueron entregadas el 31 de diciembre de 2022, su alta en el padrón vehicular fue hasta el 22 de marzo de 2023; mientras que el dictamen no describió de manera pormenorizada las especificaciones técnicas y los costos que comprendería el equipamiento tipo ambulancia, ni especificó los plazos y condiciones de la entrega de los bienes solicitados.

En otro punto, la auditoría también señaló la falta de comprobación de 3 millones 385 mil 578 pesos por la adquisición de 46 piezas de medicamentos con clave 010.000.5117.00 Tenecteplasa (infarto agudo al miocardio, tratamiento trombolítico del infarto agudo al miocardio); y 11 piezas de medicamentos con clave 010.000.5107.00, Alteplasa (infarto agudo al miocardio, embolia pulmonar y evento vascular cerebral), de los que no se acreditó el suministro al Hospital General Pachuca ni a sus pacientes, lo que impidió verificar la aplicación de los recursos en los objetivos del FASSA

De igual manera, no pudo comprobar el destino de 670 mil 480 pesos por la adquisición de cuatro refrigeradores que no están en operación; esto, ya que dos refrigeradores destinados a la Jurisdicción de Tula presentaron fallas, las cuales fueron notificadas al proveedor en los meses de julio y agosto de 2023, sin que a la fecha de la visita fueran reparados o sustituidos.

En el caso de la Jurisdicción Sanitaria Tepeji, se verificó que un refrigerador fue recibido en el Centro de Salud Tlaxicanapan en malas condiciones y fue reparado por el proveedor nueve meses después de su entrega al almacén central; además, se identificó que otro no se encontró en operación debido a fallas que fueron notificadas al proveedor en junio del año pasado sin que a la fecha haya sido reparado o sustituido y no contó con la etiqueta de identificación de inventario.

Cabe señalar que el proveedor con el que se adquirieron los refrigeradores con valor unitario de 167 mil 600 pesos, se sujetó a través de la carta contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos, a cubrir reparaciones y/o cambios en un lapso de tres días naturales siguientes a la notificación del daño, pero la reparación de uno fue después del plazo máximo establecido.

Por último, la SSH destinó 138 mil 654.58 pesos para el pago de 15 trabajadores después de que causaron baja definitiva.