Ante próxima salida de Santiago Nieto, falta consolidar combate a la corrupción
Más de dos años después de su aprobación por el Congreso, la transición de procuraduría a Fiscalía de Justicia no ha sido concluido
La aspiración de llegar al Senado de la República interrumpirá la labor del encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Santiago Nieto Castillo, quien hoy tiene claro su interés de lograr la candidatura por Morena y contender por el cargo representando a su estado natal, Querétaro, lo que lo llevaría a dejar su cargo en las primeras semanas del próximo año.
La carrera de Nieto Castillo por un escaño en el Senado dejará temas pendientes que a más de un año de su gestión no han sido concluidos o se encuentran en pausa por diversas razones, tales como el esquema de desvío de recursos denominado Estafa Siniestra o la transición de procuraduría a Fiscalía General de Justicia de Hidalgo (FGJH), proceso que más de dos años después de su aprobación por el Congreso estatal no ha sido concluido.
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En septiembre del año pasado, a unos días de asumir el cargo, se dio a conocer que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo el eslogan de “combate frontal a la corrupción”, detectó un sistema en el que estaban involucrados al menos seis municipios, los cuales habrían desviado más de 200 millones de pesos a través de gastos para combatir el Covid-19 y supuesta obra pública.
No obstante, un mes después fue informado que el monto desviado ya superaba los 520 millones de pesos y estaban involucradas 13 alcaldías, entre ellas Yahualica, Huautla, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Epazoyucan, Mineral del Monte, Nopala, Tepeji del Río y Singuilucan.
En noviembre de esa anualidad, se dieron a conocer las primeras cuatro detenciones de los otrora alcaldes Fidel A.S., de Epazoyucan y extracción priista; Felipe J.R., de Huautla y quien llegó al cargo por el extinto Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH); Elías S.S, de Yahualica y priista; y Luis Enrique C.G., de Nopala y de extracción morenista.
A este último, durante audiencia inicial, no se le pudo dictar prisión preventiva debido a que contaba con un amparo, por lo que se le concedió llevar el proceso en libertad, pero al no presentarse a la continuación de audiencia, fue declarado evadido de la justicia durante 10 meses tras su detención; esto, a pesar de participar activamente en eventos de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque los cuatro exediles ya fueron vinculados a proceso y concluyó el plazo para la investigación complementaria, aún no son presentados ante un tribunal de enjuiciamiento. De acuerdo con Santiago Nieto, algunos imputados optaron por apegarse al criterio de oportunidad; es decir, brindar información sobre cómo y quiénes llevaron a cabo el desvío de recursos.
Por otra parte, alcaldes como el de Tepeji del Río, que devolvió 58 millones de pesos de los 71 millones observados, y el de Singuilucan, que restituyó 26 millones de los 110 millones, entre otros, no son investigados o enfrentan procesos en libertad.
Además, este año también fueron detenidos y vinculados a proceso directivos de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), de la entonces Secretaría de Finanzas, de la Contraloría, de la Oficialía Mayor, como el titular, Martiniano V.O., y un director, entre otros.
Mientras tanto, fueron emitidas fichas rojas por la Interpol y alertas migratorias para localizar al excontralor del estado, César Román Mora Velázquez; y al extitular de la SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, quienes han recurrido a diversos recursos de amparo para evitar ser detenidos.
Santiago Nieto también informó que se han llevado a cabo cateos en diversas propiedades de exfuncionarios públicos presuntamente relacionados con la Estafa Siniestra, en donde han encontrado documentación diversa relacionada con el caso; además, solicitarán la extinción de dominio de los inmuebles a nombre de los señalados.
Aunque las investigaciones siguen avanzando y hay más exservidores públicos detenidos, hasta el momento no se ha logrado una sola sentencia por el caso ni la detención de los exfuncionarios que iniciaron con el esquema de desvío de recursos y, de acuerdo con el encargado del despacho, no existen elementos que vinculen al exgobernador Omar Fayad Meneses en dicho ilícito o denuncias en su contra que den origen a una orden de aprehensión.
Debido a lo anterior, es que sigue avanzando en el Senado el nombramiento del exmandatario para que sea embajador de México en Noruega.
Avanza transición de la PGJH a FGJH
El comité interinstitucional para la transición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) a Fiscalía General de Justicia de Hidalgo (FGJH) a poco más de año y medio de trabajo aún tiene retos que atender para concretar el tema, por lo que aún después de lograr su autonomía continuará con las labores para desincorporarse del gobierno del estado.
Lo anterior fue informado por Carolina Abigail Pérez Luna, directora general para la transición, quien, si bien reconoció que se tienen avances significativos, dijo que el tema administrativo es el que tardará más para dar por finiquitada la transición.
“El proceso no es que se ejecute así y ya, es un proceso que hemos estado trabajando a través de cinco vertientes o dimensiones, dos de ellas son las que llevan, digamos, más avance, que son las vertientes operativas y la gerencial, una tercera dimensión es la legislativa en la que también ya estamos trabajando, y las dos últimas que son las que no es que vayan más lentas, sino que el proceso de transición de una procuraduría a fiscalía lleva más tiempo”, que son la presupuestal y administrativa.
Aunque en septiembre de 2021 el Congreso avaló dichos trabajos para que la fiscalía sea autónoma, fue hasta junio del año pasado que más de la mitad de los 84 municipios avalaron tal determinación, por lo que fue conformado el comité interinstitucional para la transición, pero, de acuerdo con Pérez Luna, durante dos meses la anterior administración estatal no trabajó el tema.
Fue hasta septiembre, cuando entró en funciones el encargado del despacho de la procuraduría, Santiago Nieto, que se comenzó a trabajar, aunque la parte administrativa y presupuestal, reconoció, es la que llevará más tiempo concluir.
“A pesar de que la consigna es de dos años a partir de la declaratoria, pues administrativa y presupuestalmente tarda muchos años más después de que se realiza la declaratoria, porque hay que atender muchos temas, como cambios patronales que no se hacen como en muy poco tiempo; lo que llevamos más avanzadas son las dimensiones operativas, gerencial y legislativa”, dijo.
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Respecto a las dos primeras, mencionó que tienen que ver con la reestructuración del trabajo que se hace todos los días y en las funciones que se van a tener en cada área. Por tal razón, continuó, se trabaja en los procesos internos, como el plan y la política de persecución penal, que integra la creación de las unidades de tramitación masiva de casos, las cuales ya funcionan en Pachuca, Tula y la subprocuraduría de género, en las que se atienden, principalmente, delitos como el incumplimiento de obligaciones alimentarias.
La unidad de imputado desconocido igual está en funcionamiento y trabaja en la recuperación de vehículos robados; en esta área, los casos son analizados en colectivo y no individualmente, con el fin de identificar patrones parecidos en la ejecución del delito y pasar de no tener imputado a un posible sospechoso y después imputado; es decir, analizar las denuncias como un fenómeno delictivo para identificar si se trata de una banda delictiva o es una sola persona, así como su modus operandi.
De igual manera se va a crear un órgano interno de control y las auditorías ya no estarán a cargo de la Secretaría de Contraloría. Abigail Pérez precisó que buscarán tener presencia en los distritos judiciales del Poder Judicial del estado para evitar inconvenientes en el desahogo de las audiencias o promociones.
“Actualmente tenemos una subprocuraduría poniente y oriente y el territorio está partido a la mitad, pero buscamos que la división sea por cargas de trabajo, por lo que crearemos una vice fiscalía metropolitana, que concentrará la mayor cantidad de asuntos de los municipios con mayor afluencia de casos, como Pachuca, Mineral de la Reforma, Huasca, entre otros”, refirió.
Dicha vice fiscalía tendrá una división por delegaciones, la norte, sureste y suroeste. Además, habrá una vice fiscalía de control especializado que contará con las fiscalías de trata de personas, feminicidios, desaparición de personas, entre otros, “porque al final estamos convencidos que la especialización tiene que seguir, porque para muchos asuntos se necesitan conocimientos específicos”.
Aunque Santiago Nieto tiene una participación importante en el Comité de transición, en caso de dejar el despacho de la procuraduría para enfocarse en sus aspiraciones al Senado, Pérez Luna aseguró que eso no afectará la transición, pues las decisiones se toman en grupo y no recaen en una sola persona.
Vinculaciones a proceso han quedado truncas
Aunque en el último año se han dado detenciones importantes y las cifras de aprehensiones, vinculaciones a proceso, sentencias, entre otras, resultan alentadoras, en algunos casos la integración de carpetas de investigación resulta débil para un juez, por lo que niega al Ministerio Público la vinculación a proceso del imputado.
En este supuesto se encuentra el caso de Leslie Moreno, una mujer que desde 2015 buscaba justicia luego de que una compañera de trabajo contratara a una persona para que la quemara con ácido. Aunque ocho meses después del acto fue detenida la presunta autora intelectual, en agosto pasado una jueza de control determinó no vincularla a proceso, toda vez que el MP no acreditó que la imputada indujo al presunto agresor a cometer el ilícito.
Otro caso mediático fue el del nieto del exprocurador, Jesús Murillo Karam, Gerardo Saade Murillo, quien libró la acusación por tentativa de homicidio en agravio del abogado Sergio Beltrán Merino en 2021 por falta de pruebas, ya que la jueza consideró que las presentadas por el MP no lograron acreditar la participación del joven en el caso.
La exesposa del abogado, Carolina Viggiano Austria, aseguró que los abogados de la víctima le recomendaron solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso para lograr que su agresor sea sancionado por el delito.
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En marzo de este año, también libró ser enjuiciado por el delito de violación en agravio de dos de sus sobrinas, Arturo Williams Trejo Leal, excandidato y excoordinador político de Zimapán por Morena, luego que el MP tampoco acreditara con pruebas fehacientes que cometió el delito que se le imputaba.
Aunque permaneció algunos días en prisión al igual que su esposa, en audiencia inicial la jueza consideró que no había elementos para vincularlos a proceso.
En los dos últimos casos, los imputados se encontraban prófugos de la justicia, pero posteriormente se entregaron a las autoridades para ser presentados ante un juez y enfrentar el proceso penal, pero fueron absueltos del delito que se les imputaba.
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